BCE, Comisión y Banco de Bélgica niegan responsabilidades por el espionaje de cuentas
El Banco Nacional de Bélgica, el Banco Central Europeo y las instituciones comunitarias se negaron ayer a asumir responsabilidad alguna por el programa de espionaje de transferencias bancarias que EE UU lleva a cabo desde 2001 gracias a la colaboración de un consorcio bancario con sede en Bruselas.
'Sin comentarios', zanjó la cuestión el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, a pesar de que el propio consorcio, conocido por sus siglas en inglés Swift (Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunication), asegura que las principales autoridades monetarias del Planeta, incluida la de Fráncfort, estaban al corriente del pacto secreto con EE UU.
El Banco Nacional Belga (BNB), al que corresponde el liderazgo mundial en la supervisión de Swift, también intentó desentenderse de la aparente violación de la protección de datos de miles de usuarios que han cometido los bancos desde el año 2001.
En una nota de prensa, la entidad belga se lava las manos señalando que 'el Grupo de supervisión de Swift, bajo la dirección del BNB, no se ocupa más que de las actividades del consorcio que son pertinentes para el mantenimiento de la estabilidad financiera'. El BNB asegura que el Grupo 'no tiene autoridad para aprobar o impedir que Swift respete los mandatos del Tesoro estadounidense'.
El gobierno belga, por su parte, dijo haberse enterado por la prensa de que una empresa con domicilio legal en su país estaba revelando, sin mandato judicial, datos personales de sus clientes. Las instituciones comunitarias tampoco quieren involucrarse en el escándalo suscitado por el programa masivo de espionaje. 'Da la impresión de que no hay ninguna directiva comunitaria que regule lo ocurrido, por lo que debe aplicarse la ley nacional', eludió el departamento del comisario europeo de Justicia e Interior, Franco Frattini. El comisario se limitó a desear que, en el futuro, alguna norma comunitaria regule la protección de este tipo de datos.
Aunque resulte increíble, por tanto, ninguna autoridad parece controlar a una empresa que presta sus servicios a 7.800 entidades bancarias de todo el mundo y cursa los datos electrónicos de unas transferencias por valor de unos 5.000 millones de euros como media.