Igualdad y profesionalidad
El proyecto de Ley de Igualdad que ha enviado el Consejo de Ministros a las Cortes pretende equilibrar el peso específico de la mujer y el hombre en la sociedad. La intención concita el consenso de todos los agentes económicos, pero la intensidad normativa, incluida la obligatoriedad de varios de sus preceptos, choca con el desarrollo natural de la actividad económica y social, porque trata de imponer valores de género a los específicamente profesionales. No obstante, el giro dado a varios de sus contenidos, desde el mecanismo imperativo hasta el voluntario, especialmente tras el debate abierto en los últimos meses, ha ajustado la norma a la realidad y ha desestimado ciertos aspectos más bien utópicos.
El exceso de celo reglamentista había llevado al Gobierno a pensar en imponer paridad de género en los consejos de las empresas, así como en las listas electorales de los partidos políticos. Cierto es que la presencia femenina en las empresas es ahora casi testimonial, y generalmente más ligada al capital que a la carrera profesional. Pero tiene más sentido establecer estímulos a las empresas para la promoción de la mujer, tal como recoge la última redacción del proyecto, que imponer criterios que llevados al extremo generen tanta discriminación como pretenden desterrar.
En España, de las 35 empresas que conforman el Ibex, sólo 15 cuentan con mujeres en la alta dirección, y entre todas ellas sólo acumulan 25 cargos directivos de un total de 550. Pero la generalización de la formación superior necesaria para gestionar las empresas en los últimos años, con la avalancha de actividad femenina de las últimos décadas, proporcionará un salto cualitativo en los próximos años si en paralelo se eliminan los obstáculos a la conciliación de la vida laboral y familiar, que también pretende esta ley. El texto, además, deja vía libre a empresas y trabajadores para que, a través de la negociación colectiva, elaboren planes concretos de fomento de la igualdad. Unas y otros deben evitar que el afán reglamentista evite un desarrollo desafortunado de una norma bienintencionada.