La Justicia y los empresarios
La evidencia sobre los efectos negativos que el mal funcionamiento de la Justicia tiene sobre la actividad empresarial en España es abrumadora. Repasemos tres importantes piezas de evidencia.
En la Executive Opinion Survey (EOS), una encuesta a más de 11.000 empresarios de todo el mundo, hay una serie de preguntas sobre el funcionamiento de la Justicia en cada país y otras sobre el estado de la seguridad jurídica. Pues bien, España, en lo que se refiere a la percepción de los empresarios sobre la calidad de la Justicia, se encuentra en el puesto 23 entre los 30 países de la OCDE y el 46 en el total de los 104 países recogidos en la EOS. Los únicos países de la OCDE que están situados más atrás en el ranking son: Corea, Turquía, República Checa, Eslovaquia, Italia, México y Polonia.
Si agregamos las respuestas sobre la calidad de la Justicia con otras referidas a la percepción de los empresarios sobre el grado de protección de los derechos de propiedad, sobre la calidad y transparencia de las normas y sobre las consecuencias para las empresas de las actividades criminales y construimos así un Indicador de Seguridad Jurídica, las cosas no mejoran: España se encuentra situada también en el puesto 23 entre los países de la OCDE y el 42 en el ranking general.
Es abrumadora la evidencia sobre los efectos negativos que el mal funcionamiento de la Justicia en España tiene sobre la actividad empresarial
En una encuesta realizada en 1998 por Metroscopia para el ICO sobre la valoración que los empresarios hacían de la Justicia, el 88% de los encuestados pensaban que la lentitud con la que operan los tribunales en España les hace ineficaces como forma de resolver conflictos en el mundo económico. El 80% pensaba que esa falta de eficacia de los tribunales, por su lentitud, originaba una sensación de inseguridad e indefensión en los empresarios.
Si alguien piensa que el motivo de esta baja valoración de la Justicia por parte de los empresarios se debe a su descontento con la Jurisdicción laboral (al fin y al cabo, todos los que hemos tenido alguna responsabilidad ejecutiva en una empresa hemos sufrido alguna sentencia estrambótica de un Tribunal de lo Social) está en un error. Ya en la encuesta para el ICO la jurisdicción laboral recibía una mejor valoración que el resto de los tribunales de Justicia.
Todo esto se ve confirmado por una encuesta a 1.800 empresarios que Metroscopia acaba de realizar para un proyecto de investigación que dirijo, titulado Instituciones y Crecimiento Económico. Los empresarios españoles perciben que el funcionamiento de los tribunales de Justicia (no laborales) es, junto a algunos aspectos de las Administraciones públicas, los mayores obstáculos para la actividad empresarial. Las decisiones de los tribunales laborales son consideradas un obstáculo menor que el que genera el funcionamiento del resto de la Justicia.
Las tres piezas de evidencia parecen dejar pocas dudas. Y la cuestión no es en absoluto trivial. Recientemente ha aparecido otro aspecto preocupante (aunque menos) de la relación entre la Justicia y la actividad empresarial. La paralización judicial de la opa sobre Endesa puede suponer el fin de este tipo de operaciones corporativas, lo que no sólo supondría un obstáculo para la racionalización empresarial de algunos sectores (no estoy diciendo que la opa paralizada mejorase necesariamente la racionalidad del sector eléctrico), sino que operaría contra el buen gobierno corporativo, fortaleciendo la posición de los administradores frente a los intereses de los accionistas.
En este último sentido, escuché al presidente de Endesa un ataque bastante hábil a los términos de la opa de Gas Natural en el que argumentaba que, al proponerse financiarse la compra con la venta de activos, podía parodiarse como una oferta para comprar a los accionistas 'su casa' financiando la compra con la venta de 'los cuadros y muebles' que habían en ella. Pero si, como he leído, la defensa de la opa le ha costado a la compañía cerca de 80 millones, la parodia podría seguirse diciendo a los accionistas que para que el administrador de 'la casa' consiga mantener su puesto le ha hecho gastar a los propietarios una cantidad igual a varias anualidades de la retribución del administrador.
En cualquier caso, no debería ignorarse la muy negativa percepción que los empresarios tienen sobre el funcionamiento de la Justicia. Sorprende el escaso debate existente sobre el particular. Seguramente será porque no sería un debate sobre símbolos, que es lo que se lleva en este país nuestro.