Sólo el 36% de las empresas utiliza factura electrónica
Dos años después de la entrada en vigor de la directiva europea que regula la factura electrónica, sólo el 36% de las compañías europeas hace uso de esta nueva herramienta comercial. Los datos provienen de una encuesta realizada por PricewaterhouseCoopers entre 108 compañías de diez países europeos: la República Checa, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Polonia, España, Suecia, Suiza, Francia y Holanda.
De las cifras se desprende que más de seis de cada diez compañías no se beneficia todavía de las principales ventajas de este sistema de facturación: la eficiencia, el ahorro de costes y la rapidez en los pagos. Además, un porcentaje elevado de empresas que utilizan facturación electrónica (el 38%) todavía mantiene en paralelo la facturación tradicional, esto es, en papel.
'La facturación y el archivo electrónico están todavía en una fase muy preliminar en Europa, a pesar de que ya existe una legislación adecuada y las soluciones tecnológicas precisas. Ahora está en manos de las empresas dar el próximo paso', explica Alberto Monreal, director de impuestos indirectos de Landwell-PwC. Según el estudio, las principales barreras que encuentran las empresas para adoptar la facturación electrónica son tres: la incompatibilidad con los sistemas de facturación de sus clientes (35% de las respuestas), la falta de unos sistemas adecuados en las empresas (30%) y la alta inversión económica que requiere (24%).
Los resultados de la encuesta revelan que seis de cada diez empresas que han desarrollado ya este tipo de facturación están satisfechas con el control de costes, mientras un porcentaje muy similar lo está con el cumplimiento normativo. En el extremo opuesto, las compañías se quejan de la velocidad de implementación del sistema (15% de las respuestas) y de la falta de compatibilidad de los clientes. Precisamente ayer el secretario de estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, adelantó que los Ministerios de Industria y de Hacienda trabajan en una modificación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para hacer que la factura electrónica sea obligatoria para todas las empresas que participen en los contratos públicos.