EDITORIAL

Impotencia ante el fraude del IVA

El comisario europeo de Fiscalidad, László Kovács, reconoció ayer que el fraude en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en operaciones intracomunitarias es descomunal. Y, lo que es más preocupante, admitió que la incapacidad de las autoridades nacionales y comunitarias para detectar y evitar esas operaciones fraudulentas es absoluta. Reconoció, en fin, que no tiene remedio.

Lo que está en juego no son cantidades despreciables. Según cálculos estimados por el comisario, los ingresos que escapan al control del fisco ascienden a 250.000 millones de euros. Esa cifra es la suma de contabilizar el fraude en el IVA y en los Impuestos Especiales, los devengos más comunes en las operaciones intracomunitarias entre empresas y entre particulares. Esta cantidad es dos veces y media el presupuesto de la Unión Europea. Si esos millones estuvieran en las arcas de las Haciendas de los Veinticinco, aliviarían mucho el debate presupuestario y harían más fáciles las políticas de cohesión comunitaria.

Mejorar la colaboración administrativa entre los Gobiernos y utilizar mecanismos cercanos a la delación o colaboracionismo fiscal son las únicas fórmulas que la Comisaría de Fiscalidad pone sobre la mesa. Además de hacer un empleo mucho más intensivo de las herramientas informáticas para intercambiar la información entre diferentes Administraciones.

Aunque de difícil aplicación por su radicalidad, hay una solución alternativa. Se trata de modificar el régimen del impuesto, de forma que se abone en origen en vez de en destino. Esta fórmula obligaría a unificar los tipos aplicables para evitar deslocalización interesada de actividad exportadora. Podría también eliminarse el derecho a reclamar el impuesto que ahora tiene el consumidor final del bien o servicio, como única garantía de ingreso del tributo generado en operaciones cada vez más voluminosas en el mercado único. Pero la UE no debe permitir que su territorio se convierta en paraíso fiscal para las operaciones transfronterizas, y que además se cercene su capacidad de inversión.