Propiedad y mercado de suelo

Todos los recientes Gobiernos españoles han intentado correcciones de la legislación de suelo para frenar la incesante e imparable escalada de precios de la vivienda. Pero este intervencionismo bienintencionado ha chocado desde hace multitud de años con las prerrogativas y las soberanías autonómicas y municipales en la materia, convenientemente sancionadas por las distintas instancias judiciales, empezando por el Tribunal Constitucional.

Ahora, el Ejecutivo quiere sacar adelante un nuevo proyecto, que esté totalmente consensuado con las comunidades autónomas. El gran objetivo del texto elaborado por el equipo que dirige la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, es garantizar una reserva suficiente de superficie para vivienda protegida, así como romper la cadena de encarecimiento del producto terminado interviniendo la tasación de la materia prima.

Decía Pío Baroja que de existir Dios, estaba en los solares. En esa creencia deben estar también las promotoras inmobiliarias, ya que entre media docena tienen 145 millones de metros cuadrados sólo en Madrid y su área de influencia, casi diez veces más que el suelo promovido por las Administraciones públicas en los dos últimos años. Pero su revalorización, hasta ahora asegurada por la lentitud en los procesos de calificación y urbanización, marcada siempre por los interesados calendarios municipales, puede quebrarse con la legislación que promueve el Gobierno.

æscaron;nicamente habrá dos categorías de suelo, rústico y urbanizado. Y la valoración de este último estará tasada reglamentariamente para evitar la especulación, una disposición que ha sido severamente criticada por los promotores.

La nueva normativa, que debe estar sancionada y arropada por un amplísimo consenso político, junto a una liquidación definitiva de los estímulos fiscales a la adquisición de pisos, que tiene un perverso efecto multiplicador del coste final, han de constituir la base de una definitiva normalización de los mercados del suelo y de la vivienda.