La denuncia de un particular en 2002 desencadenó tres informes jurídicos
Cada vez afloran más evidencias de que el último Gobierno de José María Aznar era consciente del vacío regulatorio del que se beneficiaban las actividades de empresas como Afinsa o Fórum Filatélico. Una denuncia presentada en 2001 por un particular contra la primera de estas firmas llegó al Tribunal de Cuentas y desencadenó la elaboración de tres informes jurídicos sobre estas actividades por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entonces presidida por Blas Calzada, el Banco de España, con Jaime Caruana como gobernador, y la Abogacía del Estado. Todos ellos están fechados en 2002.
En el primero de ellos se argumenta que la actividad de Afinsa se desarrollaba en torno a un bien como los sellos que no supone un valor negociable y, por tanto, escapa a la aplicación de la ley del Mercado de Valores de 1988.
En el segundo informe, elaborado por el Banco de España, se hizo constar que las actividades a las que se dedicaba Afinsa no recaen bajo el ámbito de la inspección de esta entidad supervisora ya que ni siquiera constaba como tal en el registro administrativo que está bajo su competencia.
El informe más prolijo corresponde a la Abogacía del Estado. En el mismo se precisa que aunque la actividad principal de Afinsa descansa en la captación de ahorro, la forma en la que se canaliza no se puede considerar bajo la competencia de la ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito ni tampoco de la ley del Mercado de Valores.
Este informe distingue entre la tarea de intermediación en el mercado financiero que realizan habitualmente las entidades de crédito, que captan fondos para prestarlos a segundos o terceros clientes, y el funcionamiento de Afinsa, donde las cantidades que se ingresan no pueden considerarse depósitos, sino mandatos para posteriores contratos de compra venta de sellos.
Fuentes del PP informan que en aquel entonces, en el Ministerio de Economía, cuyo titular era Rodrigo Rato, se percibió cierta tendencia de los organismos supervisores a 'quitarse el problema de encima porque concluían que su tarea no era la de contar sellos'.
Esta situación se gestionó, finalmente, con la introducción por parte de Economía de una disposición adicional en el Senado en la ley de Instituciones de Inversión Colectiva que trasladó a Consumo la tarea supervisora de estas actividades. Ana Pastor, ministra de Sanidad y Consumo de aquella época, afirmó ayer que en el traspaso de poderes facilitó a la actual titular de esta cartera, Elena Salgado, toda la documentación sobre legislación pendiente de desarrollo, incluida la de esta iniciativa.