Escándalo financiero

Fórum Filatélico solicita la suspensión de pagos

Fórum Filatélico ha iniciado un procedimiento concursal voluntario ante la imposibilidad de continuar con sus actividades tras las actuaciones judiciales ordenadas por la Audiencia Nacional. Lo hizo unos momentos después de que su presidente, Francisco Briones, reconociera ante el juez que su empresa sobrevaloraba los sellos. En paralelo, el magistrado Santiago Pedraz ordenó prisión provisional para cinco directivos de Afinsa ante el 'riesgo' de fuga.

Fórum Filatélico asegura ante la jurisdicción mercantil de Madrid que ha solicitado la declaración de concurso voluntario (la antigua situación de suspensión de pagos) porque prevé que en un futuro próximo no podrá cumplir regular y puntualmente con las obligaciones contraídas con sus acreedores. 'Como es público y notorio, a raíz de las actuaciones judiciales ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, con amplísima repercusión mediática, el mantenimiento de la actividad normal de la compañía (...) se revela imposible', explica.

Fórum asegura que el ambiente de 'alarma y desconfianza' hace temer que la gran mayoría de sus 200.000 clientes 'en avalancha' decidan simultáneamente 'retirar sus posiciones, lo que crearía una situación de iliquidez'. Indica que la presentación de declaración de concurso voluntario es imprescindible para mantener el 'patrimonio y la actividad (...) y su futuro empresarial, preservar los derechos de los empleados, de clientes, proveedores, acreedores y (...) mantener el valor patrimonial de los bienes custodiados'.

Declaración de Briones

El presidente de Fórum Filatélico reconoce ante el juez que los sellos que vendía la compañía estaban sobrevalorados

La petición ante el juzgado de lo mercantil llegó después de que el presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, y el consejero de la entidad, Miguel Ángel Hijón, reconocieran ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que los sellos que vendía la empresa estaban sobrevalorados, una de las acusaciones que les imputa la Fiscalía.

Según fuentes jurídicas ambos acusados argumentaron que la sobrevaloración de los bienes tangibles no supuso nunca un problema para los clientes, ya que la empresa los recompraba y no hacía falta colocarlos en el mercado.

Miguel Ángel Hijón detalló al juez sus bienes patrimoniales, en los que predominan las inversiones inmobiliarias sobre las filatélicas. De hecho, frente a una inversión de 30.000 euros en la empresa filatélica, tenía en propiedad cinco inmuebles: tres en Madrid y otras dos viviendas en de Málaga.

Respecto a Afinsa, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó prisión provisional sin fianza para cinco directivos de la sociedad ante el 'alto' riesgo de fuga. Después de tomar declaración durante cinco horas y media a los detenidos, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 consideró que el riesgo de destrucción de pruebas es 'todavía muy alto' y que los imputados podrían huir ante el temor de las penas previstas, que podrían sobrepasar 'ampliamente' los seis años para cada uno de ellos. Pedraz considera que podría existir un delito de estafa y ve por primera vez un posible delito de falsificación de cuentas anuales.

Los responsables de Afinsa enviados a prisión son el propietario del 50% del capital de la sociedad, Albertino de Figueiredo Do Nascimento; el presidente del consejo de administración, Juan Antonio Cano Cuevas; los consejeros Vicente Martín Peña y Carlos de Figueiredo, y el proveedor de sellos Francisco Guijarro Lázaro.

El Gobierno estudia tomar medidas para ayudar a los afectados

'El Gobierno va a ser sensible y está estudiando la posibilidad de adoptar medidas de apoyo para aquellas economías más precarias que se resientan durante el tiempo que dure esta situación', aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega tras el Consejo de Ministros. 'Queremos que en estos primeros días tengan la tranquilidad y seguridad de que no abandonamos a su suerte a los ciudadanos', afirmó de la Vega y apuntó la necesidad de conocer cuántas personas, y en qué medida, se han visto afectadas por la presunta estafa. La vicepresidenta del Gobierno reconoció que el proceso judicial deberá determinar los activos mobiliarios e inmobiliarios de las empresas intervenidas, así como los posibles seguros suscritos, para que con ellos se pueda hacer frente a los compromisos asumidos con los clientes.

El Ejecutivo anunció que aportará todos los 'recursos necesarios' a las organizaciones de consumidores para que puedan atender el asesoramiento y la defensa, incluida la gratuita, de los afectados. El objetivo, según de la Vega, es que tengan 'toda la información y el apoyo para construir sus reclamaciones ante la Justicia'. Para ello, El Gobierno solicitará a la Audiencia Nacional la creación de una ventanilla única de información sobre la tramitación judicial.

De la Vega aseguró que se están estudiando iniciativas legales para incrementar el control sobre este tipo de inversiones y reconoció que el Ejecutivo 'no comparte' la legislación aprobada en 2003, que calificaba este tipo de aportaciones como inversiones de consumo. Aseguró que en estos momentos existe una reclamación 'legítima' para que se den más garantías a los ciudadanos. Para ello, anunció una reunión con las Comunidades Autónomas y los grupos parlamentarios para establecer medidas que refuercen la transparencia de este tipo de productos, sin olvidar su naturaleza de bienes tangibles y apuntó que la próxima semana se presentarán iniciativas parlamentarias para buscar 'posiciones comunes'.