El inversor debe asumir sus errores
El escándalo de Afinsa y Fórum Filatélico ha hecho saltar las alarmas sobre la inseguridad de ciertas inversiones que no están cubiertas por ningún fondo de garantía, ni sujetas a la supervisión de la CNMV o el Banco de España. El Partido Popular reclama ahora la creación urgente de un fondo para proteger a los inversores en bienes tangibles del que puedan beneficiarse los damnificados por el supuesto fraude de los sellos. El PP parece olvidar que fue precisamente su grupo parlamentario el que desvió, en el año 2003, la inversión en bienes tangibles desde la tutela de Economía hacia la del Ministerio de Sanidad y Consumo. Y fue el propio diputado Vicente Martínez Pujalte, que hoy actúa como principal ariete dialéctico contra el Ejecutivo, quien defendió entonces que la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva 'da garantías a los inversores (...) en los fondos sobre bienes como el arte, los sellos, etcétera'. Una vez destapado el escándalo, Martínez Pujalte echa balones fuera y asegura que no recuerda si en 2003 recibió a algún tipo de colectivo interesado en que empresas como Afinsa o Fórum quedasen fuera del ámbito de los organismos supervisores.
Las primeras estimaciones de la Fiscalía indican que el desfase patrimonial de las sociedades implicadas supera los 3.500 millones. Es decir, que para cubrir este agujero el Gobierno debería destinar el equivalente al coste que tendrá la prevista rebaja de los impuestos de la Renta (IRPF) y Sociedades; o prácticamente la mitad del déficit sanitario de las comunidades autónomas. De un lado tenemos a 350.000 afectados que sufren (y votan). Del otro, a 17 millones de contribuyentes que no tienen por qué costear los errores de inversión cometidos por otros (y que también votan).
El Gobierno, la Fiscalía y los propios jueces están obligados a actuar con la mayor diligencia posible, de manera que en el previsible proceso de liquidación de estas sociedades los damnificados puedan recuperar el máximo posible del dinero invertido. Además, este caso debe servir para que los legisladores creen los instrumentos necesarios para regular adecuadamente un tipo de inversión que, cuando se actúa de buena fe y asesorado por buenos profesionales, ofrece oportunidades interesantes y es una opción perfectamente viable para diversificar el ahorro.
Lo que resulta difícil de justificar es que el Tesoro deba hacerse cargo de las pérdidas sufridas por los clientes de Afinsa y Fórum. Como en cualquier estafa de carácter piramidal, en esta hubo muchos inversores que obtuvieron importantes rentabilidades durante años sin que nadie propusiese en ningún momento que sus ganancias tuviesen que 'repartirse' entre el conjunto de los ciudadanos. Ahora que la pirámide se desploma, surgen voces a favor de socializar las pérdidas. Un mensaje que no sólo carece de justificación legal o moral alguna, sino que además resulta especialmente dañino en plena campaña para la declaración de la renta. Para aquellos ciudadanos que cumplen rigurosamente con sus obligaciones fiscales, sería sin duda desalentador observar cómo su dinero se destina a compensar las pérdidas de quienes tomaron una decisión errónea en su legítima búsqueda de una alta rentabilidad para sus ahorros.