El laberinto del Supremo
El Tribunal Supremo hizo público ayer el auto en el que argumenta la suspensión cautelar a la luz verde que el Consejo de Ministros dio a la opa de Gas Natural sobre Endesa. Aunque aún debe ser completado con un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, el argumentario del dictamen del tribunal, replicado con al menos cuatro votos particulares, justifica la decisión en daños irreversibles para el mercado y para la compañía opada.
Considera el documento del Supremo que la primera víctima de una operación así sería la competencia, dado que el incremento de la posición de domino podría llegar a ser agobiante para los pocos operadores existentes en los mercados de gas y electricidad, e imposible la recuperación de la posición inicial. Y da prioridad al interés de los consumidores, frente al de los accionistas y también a la libertad de empresa.
Un reflejo directo de la división de criterio en el alto tribunal es la opinión de los votos particulares (cuatro, que representan a 14 magistrados de un total de 33). æpermil;stos consideran perfectamente compatible con la competencia la opa de Gas Natural sobre Endesa. Incluso ven un sarcasmo en que quien disfruta de una posición de privilegio en el mercado pretenda mantenerla invocando el daño a la libre competencia.
El Supremo, que debe proteger los intereses de quienes los consideren cercenados, refleja en su seno una profunda discrepancia. æpermil;sta es simétrica a una fuerte división política ante las operaciones energéticas en marcha, que las aleja de la lógica del mercado.
La protección judicial es un derecho ciudadano, pero no debe convertirse en instrumento de bloqueo indefinido de los derechos de terceros. Tanto los tribunales como los organismos administrativos competentes deben resolver con la mayor celeridad el monumental laberinto en el que se ha convertido la lucha por el control de Endesa. En caso contrario, seguirán atrapados los intereses de las empresas, de los accionistas y de los consumidores, además de la visibilidad que el mercado necesita para garantizar la libertad económica.