COLUMNA

Dinamizar la economía

El actual Gobierno identificó desde el primer momento que el principal problema que tiene la economía española es el de la productividad. La economía española tenía buenos números, pero no iba tan bien como sugería el marketing de los anteriores responsables.

Para abordar el problema se definió una estrategia basada en incentivar el aumento de las actividades de I+D y en reformas que condujeran a dinamizar la actividad empresarial. Poco que objetar. Quizá que las actividades en I+D son más consecuencia de la vitalidad empresarial que causa de ella. Pero, en cualquier caso, un mayor apoyo a esas actividades es algo deseable y positivo.

Sorprende, en ese contexto, que se tenga previsto eliminar las deducciones fiscales del gasto en I+D y se deje la acción política a la gestión de un programa de subvenciones mejor dotado. Se me dirá que hay razones teóricas para emprender esa línea. Pero el caso es que, para poner un ejemplo, una de las empresas líderes en Europa en biocombustibles, que dedica a I+D cantidades importantes, no ha sido elegida para beneficiarse de proyectos públicos sobre esta prometedora materia y ahora, además, no va a poder beneficiarse de las deducciones fiscales correspondientes. Puede haber motivos para ser muy selectivo en la selección de los proyectos subvencionados, pero dada la incertidumbre sobre los resultados de todos los proyectos, no parece razonable premiar mucho a uno e ignorar (eliminando las deducciones fiscales) a otros.

Es obvio que hay que reducir la temporalidad, pero hubiera sido mejor centrar la discusión en el aumento de la productividad

En cuanto a las reformas, se introdujeron una serie de cambios sobre el entorno empresarial que están en la buena línea. En los datos del Informe Doing Business (Banco Mundial), que recoge la opinión de expertos sobre la situación en cada país de distintos aspectos que son relevantes para la actividad empresarial, España sobresale muy negativamente (comparando con los países de la OCDE) en lo concerniente a los procedimientos para crear empresas. Pues en el primer paquete de medidas para dinamizar la economía contenía algunas para mejorar esa situación.

Hay que decir que de esa misma fuente se obtiene que en otro aspecto en donde sobresalimos por su aspecto negativo es en el de la rigidez laboral. A la hora de escribir esta opinión no se ha hecho público el contenido de la nueva reforma laboral, aunque mis impresiones no son muy positivas. Es obvio que hay que reducir la temporalidad, y que eso tendrá efectos positivos sobre la productividad, pero hubiera sido mejor centrar la discusión en el aumento de la productividad (verdadero reto nacional) y obtener la reducción de la temporalidad como consecuencia.

En cualquier caso, las reformas para dinamizar la economía, que tendrán que seguir instrumentándose, deberían basarse en opiniones relevantes y detalladas. ¿Las opiniones de funcionarios y catedráticos de Universidad? Bueno. Pero resultan fundamentales las de los empresarios, los verdaderos artífices de la dinamización de la economía, si esa finalmente se produce. España es uno de los países de Europa con menor frecuencia y peor calidad de encuestas a empresarios. La sustitución de las opiniones empresariales por la de los directivos de las patronales es injustificable. No hay más que recordar que estos directivos se oponen a que se cambie la obligatoriedad de los convenios sectoriales, bloqueando así los acuerdos a nivel de empresa que permitiría mejorar la gestión de recursos humanos, oposición que se explica por el interés de mantener esquemas de negociación que les otorga poder como grupo.

La disposición de las empresas a absorber nuevas tecnologías es crucial para aumentar la productividad. De los datos del Executive Opinion Survey (del World Economic Forum) se deduce que existe una correlación muy alta entre esa disposición y la percepción de los empresarios sobre cuestiones como: favoritismo en las decisiones de la Administración, eficacia e independencia de la Justicia, corrupción, cooperación empresa-empleados y otros más. Y España está mal clasificada en todas ellas. Interesante información. También la que se deriva de otra encargada por el ICO en la que los empresarios españoles creen muy mayoritariamente que la lentitud de la Justicia es un obstáculo muy serio para su actividad.

Pero una información más detallada y operativa se podría obtener de encuestas a empresarios diseñadas al efecto. Quizá la nonata Agencia de Evaluación de Políticas, un excelente proyecto, podría encargarse de esa actividad. Contribuiría a orientar las políticas dinamizadoras y a valorar ex post los efectos de esas políticas.

Aunque parece que no tenga que ver, si se lleva hasta las últimas consecuencias el asunto de Marbella, y se extiende a otros lugares en los que haya podido haber también irregularidades, se estará contribuyendo a dinamizar la economía.