Energía

Bruselas expedienta a España por dar a la CNE la posibilidad de vetar la opa de Eon

Bruselas cumplió ayer su amenaza y expedientó a España por la reciente reforma de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). La Comisión Europea sale así en defensa de la opa de la compañía alemana Eon sobre Endesa, una operación que recibió la semana pasada el visto bueno sin condiciones de las autoridades comunitarias de Competencia.

El comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, parece convencido de que las nuevas competencias del regulador energético español supondrán un obstáculo a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento que imperan en la Unión Europea. Bruselas teme que la CNE aproveche sus nuevas atribuciones para imponer duras condiciones a la compañía o, incluso, para vetar la compra.

La Comisión aprobó el dictamen sin necesidad de debate, porque los jefes de gabinete de los 25 comisarios, incluido el español, Joaquín Almunia, ya habían consensuado la decisión.

ENDESA 23,65 0,34%

El pulso entre Madrid y Bruselas también se endureció ayer porque el departamento de McCreevy amenazó al Gobierno español con multas millonarias periódicas si no acata cuanto antes la sentencia de 2003 que anuló la acción de oro en empresas privatizadas, como Endesa. 'Pediremos en breve al Tribunal de Luxemburgo que imponga esa multa a España por desacato', advierte el equipo de McCreevy.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, encajó ayer con tranquilidad la apertura del expediente comunitario y consideró que se trataba de un contencioso que entra dentro de lo previsto. El expediente de McCreevy, de hecho, apenas tendrá repercusión en las dos opas que aspiran a hacerse con el control de Endesa (la de Gas Natural y la de su rival Eon).

El Gobierno dispone de dos meses para intentar convencer a Bruselas de que la reforma de la CNE es compatible con el derecho comunitario. Si no lo consigue, como parece probable, McCreevy enviará un dictamen motivado exigiendo que España renuncie a la reforma. Pero si el Gobierno no respeta ese ultimátum, las dos partes deberán resolver sus diferencias ante el Tribunal europeo, un proceso que puede durar hasta dos o tres años.

La amenaza de sanciones por desacato a la sentencia sobre la acción de oro también es a largo plazo. Pero si el Tribunal llegara a confirmar la petición de Bruselas, la factura para el Estado español puede ser millonaria.

Hasta ahora, los jueces sólo han impuesto tres veces ese tipo de sanciones: a Grecia, de 20.000 euros por día; a España, de 624.150 euros por año (aunque, finalmente, no hubo de abonarse) y a Francia, 57 millones de euros por semestre.