Corrupción municipal
Casi una veintena de responsables municipales de Marbella han ingresado en prisión, descubriéndose una trama de corrupción que no resulta nueva para nadie. Todos sabíamos que Marbella era la cueva de Alí Babá y sus cuarenta ladrones, herederos de un gilismo mafioso que ganó democráticamente el poder.
¿Se trata sólo de Marbella u ocurre en otras muchas localidades? ¿Son los políticos detenidos los únicos responsables, o la responsabilidad penal debe ser mucho más amplia? En muchísimos municipios españoles, y no sólo de la costa, se están produciendo fenómenos de corrupción, protagonizados por políticos, funcionarios, técnicos y empresarios de todo signo político. Las causas son bien variadas. Normalmente se apunta al opaco sistema de financiación de los partidos políticos, pero las causas son mucho más complejas. Los medios de comunicación están más atentos a los actos de los responsables de la gran política, cuando en verdad el nido de corrupción se encuentra en los ayuntamientos, alimentado por un urbanismo desaforado y unos suculentos contratos de servicios.
Podemos enumerar algunas de las causas políticas de la corrupción municipal, brillantemente analizadas por José Manuel Urquiza en su libro Corrupción municipal, editado por Almuzara. Sistemas de listas bloqueadas y cerradas, imposibilidad de elección directa del alcalde, órganos de adjudicación estancos y politizados, absoluta falta de control previo legal y financiero de las operaciones más importantes. Recomiendo su lectura para comprender el origen de muchas de las técnicas legales que utilizan los corruptos, así como posibles soluciones.
El nido de corrupción está en los ayuntamientos, alimentado por un urbanismo desaforado y unos suculentos contratos de servicios
Pero no sólo la corrupción tiene origen político. Muchos empresarios actúan como corruptores, deslumbrando con sus dineros a unos concejales no habituados a los brillos de la fortuna. ¿Qué pasa? Pues que en ningún otro sector económico se gana lo que en el urbanismo. Una auténtica revolución poblacional se está produciendo en España. A finales de los noventa muchos pensaban que nunca superaríamos los 40 millones de habitantes y ya somos más de 44 millones. Todo parece apuntar a que seguiremos creciendo. Probablemente alcanzaremos los 50 millones. Un cierto repunte de la natalidad, la fuerte corriente inmigratoria y un continuado éxodo europeo están ocasionando un inaudito crecimiento demográfico. Si a todo esto se unen los 50 millones de turistas, comprenderemos que la presión urbanística parezca no tener fin.
Hasta finales de los noventa, el ritmo de construcciones de nuevas viviendas rondaba las 350.000 al año. Pasamos, al inicio del boom, a las 500.000, y hoy, a la espera de datos oficiales, alcanzaremos las 700.000.
¿Y por qué se construye tanto? Pues porque existe una demanda firme que lo solicita. ¿Explotará lo que algunos han venido denominando burbuja inmobiliaria? Es posible que los precios se atemperen y que disminuya el ritmo de ventas, pero parece que la tendencia demográfica seguirá firme. Esto es, cada año son más los europeos que vienen a la busca de nuestro benigno clima, y nuestra economía sigue necesitando unos volúmenes crecientes de inmigrantes, que precisan de vivienda y ceban la bomba de nuestro consumo.
En un país con tanto suelo disponible como España, ¿cuál es la limitación para disponer más suelo para construir? Pues que los permisos públicos han ido por detrás del incremento de demanda y han permitido una acumulación de suelo en manos de pocos operadores. Aunque se liberalizase hoy el urbanismo, no sería de esperar una bajada de precios, puesto que el suelo pertenece a las grandes promotoras, que se limitarían a dosificar su salida al mercado para mantener los altísimos valores que les están permitiendo alcanzar unas rentabilidades astronómicas.
¿Y quién determina dónde se construye y dónde no, es decir, qué parcela alcanza un valor millonario y cuál se queda en valor agrícola? Pues los técnicos y los políticos de urbanismo. Una raya en un plano significa suelo recalificado y muchísimos millones para los beneficiados, que se mostrarán dispuestos a pagar lo que sea al que pinta esos planos.
Mientras persista la fuerte demanda de viviendas en nuestro país y el urbanismo dependa de la decisión arbitraria de unos poderes sin control será imposible frenar la corrupción municipal. Lo que conocemos es tan sólo la punta del iceberg. Pero mientras mejoramos nuestro sistema político y urbanístico, lo corruptos deben ir a la cárcel.