Finanzas

El Supremo decide hoy si el banco debe exteriorizar las pensiones de su plantilla

El Tribunal Supremo se pronunciará hoy sobre la demanda interpuesta por el sindicato UGT en la que solicita que se exterioricen los fondos de pensiones de los empleados del Grupo Santander. Según las estimaciones, estos fondos ascienden actualmente a unos 9.600 millones de euros.

Fuentes jurídicas señalaron ayer que el Tribunal Supremo ha verificado las pruebas pedidas a la Dirección General de Seguros (DGS) y el Banco de España por UGT. æpermil;stas tenían como objetivo demostrar que el Santander no cumple con las directivas comunitarias al adoptar una excepción legislativa que le permite la Ley del Seguro española de 1995.

La demanda, presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, data del 17 de febrero de 2003. UGT la dirige contra dos disposiciones del Real Decreto 1/2002, sobre la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, que permiten a las entidades financieras mantener en su seno, y no exteriorizar, los fondos que constituyen los compromisos complementarios para pensiones de sus trabajadores. A esta posibilidad sólo se ha acogido el Santander.

El sindicato espera demostrar que el citado Real Decreto supone un 'exceso en la legislación delegada al Gobierno'.

Según UGT, el Santander no aplica la directiva comunitaria que obliga a las entidades a exteriorizar sus fondos de pensiones, extraerlos del balance del banco y convertirlos en fondos de pensiones titularizados a favor de los trabajadores.

Junto a esta iniciativa judicial, el pasado mes de febrero, la Comisión de Economía del Congreso acordó instar al Gobierno a que invite a empresas y sindicatos a sentarse y estudiar con detalle 'las ventajas e inconvenientes' de ese proceso.

La enmienda sustituyó al texto de una proposición no de ley de Izquierda Unida e impulsada por el sindicato CC OO, en la que se pretendía reclamar al Ejecutivo que suprimiera algunos preceptos normativos, especialmente los que excluyen a las entidades financieras de la obligación de traspasar la administración de los compromisos por pensiones a una gestora independiente.