Costes de la precariedad laboral de los jóvenes
Las protestas de los jóvenes franceses por el nuevo contrato de primer empleo (CPE), que agrava por el despido libre su situación de alta precariedad laboral (en el tercer trimestre de 2005, el 53,5% de los jóvenes de 15 a 24 años tenían empleo temporal), han despertado la natural preocupación en España, donde los empleos temporales en igual fecha eran el 69,1% del total de empleos en ese mismo grupo de edad, cifra máxima en la Europa de los 25 y a la que sólo se acercan Polonia y Eslovenia.
Bien es verdad que la discriminación a los jóvenes es superior en Francia que en España, puesto que allí la tasa de temporalidad de los trabajadores de todas las edades es del 14,2%, 3,7 veces menos que la señalada del 53,5%, mientras que en España es prácticamente la mitad, un 34,4%. Pero ese 'mal de muchos' que padece la población ocupada española no parece que pueda consolar a nuestros menores de 25 años, que en un 22,3% de los casos se encuentran en paro, y que, a pesar de su generalmente alto nivel de estudios, tardan más de un año en encontrar empleo en el 62,4% de las ocasiones (módulo de EPA de transición de la educación al mercado laboral). Y cuando lo encuentran es precario en ese 69,1% de casos, como también se ha señalado, y tienen una retribución neta equivalente (ponderada por composición del hogar) de 10.043 euros anuales, parecida a la de Italia y sólo superior a la de Grecia y Portugal, según el Panel de Hogares que se realiza en la Europa de los 15.
Los jóvenes españoles, además de a la discriminación laboral, han de hacer frente a unos precios escandalosos de la vivienda a la que desean acceder , lo que en caso de que decidan comprar les obliga a endeudarse por muchos años.
En estas circunstancias, a nadie puede extrañar que la edad a la que contraen matrimonio, o se emancipan, se haya retrasado unos 6 años desde 1975, situándose en la actualidad en los 33 años en el caso de los hombres y los 30 en el de las mujeres.
El acortamiento de lo que los demógrafos denominan el tiempo de exposición al riesgo de embarazo que implica este retraso en la edad a la que se contrae matrimonio tiene, entre otras consecuencias, la de contribuir a la reducción del número medio de hijos que tiene cada mujer, hoy 1,3, menos de la mitad que en 1975, lo que genera un envejecimiento de la población muy grave que sólo encuentra cierto alivio por la mayor tasa de fecundidad de las mujeres extranjeras.
Estas consecuencias encadenadas sobre el matrimonio y la fecundidad, a las que tanto contribuye la citada inseguridad laboral de los jóvenes, son conocidas y evaluables estadísticamente, pero no por carecer de medidas de otras consecuencias hay que pensar que no existen.
La prolongación de la vida con los padres a edades en que los jóvenes debieran estar viviendo sus propias vidas de modo independiente, la incertidumbre ante su futuro laboral, la inadecuación de sus largos años de estudios y de preparación a las necesidades del mercado de trabajo y otro cúmulo de problemas, entre los que la certidumbre de tener hipotecado su futuro puede ocupar un lugar importante, tienen que generar, sin duda, consecuencias de toda índole entre las que no cabe descartar aspectos tan importantes como los niveles de solidaridad social y de integración que arrastren durante sus vidas quienes ahora son jóvenes.
Ante problemas tan graves, lo único que se les ocurre a los responsables políticos, como en el caso de Jacques Chirac, es recortar las medidas de despido e intentar negociar con los jóvenes y los sindicatos que les apoyan. Sumidos en las contradicciones del mundo desigual que han contribuido a forjar, no ven otra salida a la falta de competitividad de las empresas que deslocalizarlas hacia países de bajos niveles salariales o flexibilizar sus propios mercados laborales para alcanzar una encubierta reducción de salarios reales. Los jóvenes, por su parte, como en el caso francés, en lugar de pretender cambiar la sociedad como sus antecesores de 1968, a todo lo que aspiran según recientes encuestas es a convertirse en funcionarios públicos en una sociedad que, como se comienza a apreciar, está sumida en una crisis profunda, donde las movilizaciones populares son sólo un signo externo de problemas de mucho mayor calado.