El Gobierno quiere que el 40% de los consejeros sean mujeres
El Gobierno pretende que dentro de cuatro años los consejos de administración de las empresas estén formados, como mínimo, en un 40% por mujeres, según el anteproyecto de la Ley de Igualdad aprobada por el Consejo de Ministros el viernes. La norma también obliga a negociar medidas de igualdad en todos los convenios colectivos y planes de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores.
Cuando una mujer da un paso, todas las mujeres avanzan', con esta frase presentaba este viernes, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el anteproyecto de la Ley de Igualdad que aprobó el Consejo de Ministros. El Gobierno se sacó un as de la manga al incluir en la ley incentivos para que las grandes empresas 'tengan que abrir sus consejos de administración a la mujer', según indica el resumen de la ley.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, explicó que el Gobierno se ha marcado como objetivo que 'las empresas más importantes de España' tengan, dentro de cuatro años, consejos de administración formados en un 40% por mujeres 'como mínimo'.
La ley no obligará, sin embargo, a las empresas a cumplir esta cuota, sino que establecerá 'estímulos', que consistirán en el 'establecimiento de condiciones de ejecución de los contratos públicos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo'. De esta forma, a igualdad de condiciones de dos compañías que concurran a un concurso público, se primará a la que más mujeres tenga en su consejo y mejores planes de igualdad aplique. Según precisó Caldera, estos estímulos irán dirigidos a las empresas que tengan obligación de presentar cuentas de pérdidas y ganancias no abreviadas (aquellas cuyas partidas de activo superen los nueve millones de euros, su cifra de negocio supere los 18,95 millones de euros o tenga más de 250 trabajadores).
La futura ley obligará al Gobierno a evaluar la implantación de este objetivo dentro de cuatro años, ante lo que el titular de Trabajo sugirió ante un grupo de periodistas, al término de la rueda de prensa, que si para entonces consideran que las empresas no han respondido voluntariamente a la incorporación femenina a los consejos y si el PSOE sigue en el Gobierno, se plantearían imponer esta cuota por ley. La incorporación 'paulatina' de las mujeres deberá iniciarse a medida que tengan que renovarse los consejos.
La otra gran medida que ha causado convulsión en el seno de las empresas es que la ley fija la 'obligatoriedad' de negociar medidas tendentes a la igualdad entre hombres y mujeres en todos los convenios colectivos y obliga también a negociar planes de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores. Al igual que con la composición de los consejos, Caldera insinuó que si pasados cuatro años, las medidas y los planes no se han generalizado en las empresas, también podrían imponerse por ley. La norma deberá pasar ahora por el Consejo de Estado y el Parlamento, pero Caldera confía en que esté en vigor el 1 de enero de 2007.
'Cuesta dinero'
La ley irá acompañada de una memoria económica que cifra su coste de aplicación en torno a los 400 millones de euros. De éstos, la Seguridad Social financiará unos 250 millones y el resto, las empresas. María Teresa Fernández de la Vega y Jesús Caldera, bromearon recordando las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, quien insistió en que la ley 'cuesta dinero'.
Las claves
La Administración da ejemplo. Para dar ejemplo, la nueva norma establece la 'representación equilibrada entre mujeres y hombres en el nombramiento de los titulares de órganos directivos designados por el Consejo de Ministros' y tenderá a ese equilibrio en los tribunales de selección de empleo público. Asimismo, se reservará el 40% de las plazas para mujeres en cursos de formación y se primará la incorporación a los cursos formativos cuando se vuelva de permisos o excedencias para cuidado de hijos.
Flexibilidad horaria y recorte de jornada.La futura ley establecerá el derecho de los trabajadores a adaptar la duración y distribución de su jornada de trabajo para el cuidado de hijos, bien por convenio colectivo o en pactos individuales entre el empresario y los empleados. Se amplía el derecho a reducir la jornada entre un octavo y la mitad, por cuidado de menores de ocho años (ahora hasta los seis años) o personas con discapacidad. La excedencia de dos años por cuidado de familiares dependientes podrá fraccionarse.
Multas de hasta 90.000 euros. La Ley de Igualdad fija un régimen sancionador, con multas de entre 3.005 hasta 90.000 euros para los empresarios que discriminen a sus trabajadores por razón de sexo; o que permitan una situación de acoso por motivo de género, racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual. 'No elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o hacerlo incumpliendo manifiestamente los términos previstos', también estará multado con estas cantidades.
Paridad en las listas electorales. En una disposición revolucionaria, el anteproyecto fija la paridad obligatoria en las listas electorales. Todos los partidos políticos tendrán que respetar una representación equilibrada de hombres y mujeres no superior al 60% ni inferior al 40%. Aunque el texto no lo garantiza, Caldera admitió que lo 'lógico' es que la composición de las listas sea por tramos, o como se conocen más comúnmente 'listas cremallera', en las que se intercale alternativamente un candidato de cada sexo.