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Columna

La 'Reacción de Maillard' y el fontanero

Dos recientes encuestas del CIS señalaban, la primera, que la reforma de los estatutos ocupa el decimosexto lugar entre los problemas que los españoles consideran relevantes y la segunda que el 51% desea que el Estado autonómico siga igual. Sin embargo, la publicación de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Cataluña ha provocado boicots a productos y entidades financieras catalanes en el resto de España al igual que en Cataluña algunas asociaciones persiguen los productos etiquetados en español o denuncian comercios en cuyos escaparates se exhiben artículos en el 'idioma de Madrid'. ¿ Por qué?

I. La reacción. La aparente contradicción se explica sencillamente porque los políticos ignoran algo que los buenos cocineros conocen: la Reacción de Maillard; o sea, que si se aplica alta temperatura a ciertas substancias se produce un conjunto complejo de reacciones que les da una determinada coloración y un sabor característico.

II. Los antecedentes. En 2003 se celebraron elecciones en Cataluña. El PSC y su candidato -Maragall- las perdieron por segunda vez consecutiva pero en esta ocasión, mediante una coalición con ERC e IU-Los Verdes, el candidato socialista formó un Gobierno tripartito y se convirtió en presidente de la Generalidad. Durante la campaña electoral, el secretario general del PSOE, Rodríguez Zapatero -que en buena medida debía su puesto a Maragall- y que entonces tenía escasísimas posibilidades de ganar las elecciones generales, prometió a aquel que, de suceder tan improbable acontecimiento, apoyaría sin reserva alguna el texto del Estatuto que viniese de Cataluña. Como a veces el destino carga los dados, sabemos que el 11-M hizo a ZP presidente del Gobierno y su imprudente promesa, aprovechada a fondo por Maragall, permitió la llegada a las Cortes de una propuesta de Estatuto que suponía el acta de defunción del Estado español.

III. Propuestas y estrategia. Aprobada por el 90% de los diputados del Parlamento catalán, la Propuesta de reforma era la Constitución de un nuevo Estado, aun cuando por conveniencia pretendía sólo proclamar el nacimiento de una nación soberana, heredera de seculares derechos históricos que, por razones de oportunidad, decidía mantener unas relaciones especiales con el Estado español. Y digo 'especiales' porque aun proclamando conceptos de 'interdependencia', 'Estado federal' o 'plurinacional', amén de otros semejantes, la Propuesta pretendía, lisa y llanamente, cegar esas posibilidades y erigir un nuevo estado nacional. Ello exigía -como minuciosamente detallaba el articulado- establecer una relación bilateral del Gobierno catalán con uno nacional que se desvanecía mientras aquel aspiraba a estar presente en las instituciones y actividades más relevantes del segundo, a lo cual se unían dos rasgos adicionales: la exigencia de atribuciones exclusivas en todos los ámbitos relevantes -olvidado lo establecido en la Constitución- y la obtención de una financiación 'suficiente por el momento' y acompañada de un doble seguro: lo que quedaría del Estado español se comprometía indefinidamente a invertir en Cataluña un porcentaje del PIB equivalente al menos al peso de la economía catalana en la española, al tiempo que se limita la solidaridad de esa Autonomía de forma que su posición relativa de renta por cabeza respecto a las restantes autonomías no se alterará por esa vía.

La Propuesta, como tardíamente se apercibió ZP, encerraba graves peligros para su partido y para él mismo caso de cumplir lo imprudentemente prometido. Debía edulcorarse pues el texto para hacerlo presentable ante una escandalizada opinión pública en el resto de España y ello abocaba a única salida: negociar con la oposición nacionalista a Maragall, lo cual ofrecía la ventaja de devolver al inquilino de la Generalidad la pócima envenenada que este le envió a Madrid.

IV. El fontanero. Hasta que se trasplantó a la alta política entendíamos por fontanero aquella persona especializada en la instalación, mantenimiento y reparación de las conducciones de agua, servicios sanitarios y de calefacción en los edificios. Fue a partir de la llegada de Suárez a la Moncloa cuando supimos de la existencia de discretos especialistas que analizaban situaciones conflictivas, discutían con interlocutores informados, delimitaban fronteras regulatorias de ambiciones intervencionistas y, en última instancia, sin crear falsas expectativas preparaban propuestas aceptables de solución al presidente de Gobierno.

A lo que no estábamos acostumbrados era a que, acaso por imprudentes premuras, por salir de una situación por él mismo creada o por falta de habilidad, el propio Presidente se convirtiese en fontanero, con el consiguiente peligro de equivocarse con los planos, ignorar compromisos con terceros, romper conducciones de agua o instalar erróneamente las llaves de paso del combustible a las calderas con el riesgo de estallido de estas y derrumbe de un edificio que reposaba en unos cimientos sanos. ¡Qué tiempos aquellos de luz y taquígrafos!

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