Omel se reúne con 18 eléctricas para afrontar los cambios legales en el 'pool'
Omel, el operador del pool, se reunió ayer con los 18 agentes de este mercado para abordar los cambios aprobados por el Gobierno y que le han obligado a una adaptación acelerada de sus sistemas. Desde hoy a las distribuidoras y productoras de un mismo grupo lo que vendan y compren a la vez en el pool se les aplicará un precio regulado de 42,35 euros MWh.
El mercado mayorista de la electricidad (pool), tal como ha venido funcionando desde su creación en 1998, tocó ayer a su fin. A partir de hoy, el operador de este mercado, Omel, debe aplicar el Real Decreto Ley que el Gobierno aprobó el viernes y que modifica el mecanismo de casación de ofertas y compras de electricidad realizadas simultáneamente por las distribuidoras y generadoras del mismo grupo empresarial (Endesa, Iberdrola, Fenosa, Cantábrico y Enel Viesgo).
Con esta norma, que algunas eléctricas han tachado de 'intervencionista y arbitraria', el Gobierno pretende acabar con el llamado déficit de tarifa (diferencia entre el precio de la generación contratada en este mercado y la tarifa). Este déficit se situó el año pasado en 3.580 millones de euros y, sólo en enero de 2006, en otros 900 millones. Según el Real Decreto Ley, las ofertas y las compras de las eléctricas antes citada 'serán asimiladas a contratos bilaterales', a un precio que el Gobierno ha fijado provisionalmente en 42,35 euros MWh (el precio medio del año pasado fue de 53 euros MWh y en enero y febrero, de 72 euros). La última casación se produjo ayer (la contratación se realiza de un día para otro) a 66 euros MWh.
También ayer por la tarde Omel convocó una reunión extraordinaria del comité de agentes del mercado, que son las 18 firmas que actúan en el pool (las grandes eléctricas y las comercializadoras independientes), para abordar la aplicación de los cambios a los que obliga lo que algunos consideran un decretazo. El operador del mercado, que dirige María Luisa Huidobro, ha trabajado intensamente en los últimos días 'para hacer las adaptaciones informáticas que requiere el nuevo mecanismo', dicen en Omel. Hay dificultades técnicas, como la derivada de que una central sea propiedad de varias compañías.
Teniendo en cuenta que entre Endesa e Iberdrola suman casi el 80% de las transacciones que se realizan en el mercado y que ya se celebran algunos contratos bilaterales, hay quien considera que las transacciones se limitarán a un 15% de las que se realizaban hasta ahora. Esta estrechez hace augurar problemas a algunas comercializadoras. Según el director general de Centrica (filial de British Gas), 'la posibilidad de manipulación de los precios es mayor, porque los grandes serán más grandes, en términos relativos: el productor que quede largo va a controlar el pool'.
Los cambios legales, que se han producido en medio de las opas sobre Endesa, han sido duramente criticados por el sector, especialmente por Iberdrola, que ha aprovechado distintos foros para mostrar su oposición a la reforma del pool que, por el momento, es provisional, en tanto se regulan los contratos bilaterales.
Fuentes del Gobierno culpan a la eléctrica que dirige Ignacio Galán, de que la reforma del mercado haya sido aprobada unilateralmente por el Gobierno. 'Iberdrola se negó tajantemente en diciembre a negociar junto con el resto de las empresas del sector una solución pactada para acabar con el déficit', aseguran estas fuentes.
El agujero de la tarifa se pagará en 10 años
El déficit de tarifa de 2005 (3.580 millones, aproximadamente), que el Gobierno ha reconocido al sector eléctrico, comenzará a pagarse a partir de julio. Ese mes está prevista una nueva revisión de las tarifas, que en enero subieron un 4,48%. Este pago, según reconoce Industria, se diferirá a lo largo de 10 años en los recibos de la luz.Con los cambios en el mecanismo de casación del pool aprobado el viernes, el Gobierno quiere terminar con una desviación que amenazaba con hacerse crónica. Algunas de las incógnitas que se plantean ahora es en qué medida los cambios conseguirán reducir el déficit, que para este año se estimaba en unos 6.000 millones. Las empresas piensan que desaparecerá totalmente, pero otras fuentes calculan que no lo hará ni en la mitad del previsto. En esta variable hay que tener en cuenta que en la retribución de las eléctricas se reducirá el valor equivalente a los derechos de emisión de CO2 que recibieron gratuitamente.