Más control a operadores de empresas vinculadas
El Ministerio de Hacienda reforzará a partir de este año la inspección sobre las operaciones de compraventa de bienes y prestación de servicios que se realizan entre empresas vinculadas y que tienen su residencia en varios países a la vez. La Administración española creará en breve una unidad antifraude especializada y ampliará el régimen actual de sanciones por incumplimientos tributarios.
La intención del Gobierno es que 'no quede ninguna laguna por la que se puedan evadir impuestos' con la adaptación de España a la normativa comunitaria sobre precios de transferencia (precios o valoración que las empresas establecen sobre las operaciones internas con sus filiales en varios Estados), según indicó ayer Carlos Cervantes, jefe del Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria.
En esta materia, España se rige en la actualidad por un real decreto de 2004 y varios artículos (16 y 17) del impuesto de sociedades, quedando sin precisar aún muchas cuestiones. El anteproyecto de ley de prevención del fraude que maneja el Gobierno, aún en fase de borrador, viene a completar esta legislación, obligando a las empresas a valorar 'a precio de mercado' todas las operaciones intragrupo que realicen, y a 'justificar de forma documental esa valoración'.
Todo ello supone un cambio importante para las grandes compañías que mantienen filiales en varios países, que se verán obligadas a documentar con rigor y a precios de mercado todas las operaciones intragrupo que hagan, so pena de recibir un fuerte castigo de Hacienda. Hoy por hoy, las empresas tienen un fuerte incentivo a ubicar fiscalmente estas operaciones en el país con más baja tributación, lo que provoca una pérdida de ingresos en la hacienda del país con gravamen más alto. La Hacienda española no está dispuesta a asumir este riesgo. 'Apretaremos el acelerador en el control de estas operaciones. Se creará una unidad central de inspección, especializada en precios de transferencia que apliquen las empresas. La constituiremos a partir de junio y tendrá equipos territoriales de apoyo', señaló ayer Cervantes, en una jornada organizada por PricewaterhouseCoopers.
El régimen sancionador también se retocará. La Ley General Tributaria contempla sanciones genéricas por falta de colaboración y por minusvaloración de ingresos. La Dirección de Tributos estudia ahora incorporar sanciones específicas para los casos en los que la empresa no aporte la documentación requerida. 'Podría ser una cantidad fija o un porcentaje sobre la corrección de valor de Hacienda', añadió Cervantes.
Progresiva armonización a escala europea
España no trabaja sola en la aplicación de precios de transferencia a valor de mercado. La UE lleva ya varios años intentando imponer un criterio homogéneo en todos los Estados miembros, a instancias también de la OCDE.Las autoridades comunitarias consiguieron el pasado año que se aprobara un código de conducta (no preceptivo) que rige sobre varios aspectos, entre ellos la adopción del principio de documentación única. Gracias a esta 'documentación única' se pretende que las multinacionales puedan crear en breve dossieres homogéneos, con validez en todos los países de la Unión, lo que contribuirá a reducir la burocracia y, por ende, los costes. En ellos se incluirán descripciones de la estructura del grupo, política de precios de transferencia y criterios seguidos para valorar las operaciones internas, evitándose así sanciones de las administraciones tributarias.
Tres claves
12 fórmulas para definir la vinculación empresarial
La nueva normativa (borrador de la ley de prevención del fraude) define con precisión qué se entiende por operaciones entre empresas vinculadas, a efectos fiscales. El texto completa la redacción actual del impuesto de sociedades. Se fijan hasta doce fórmulas diferentes de vinculación. Entre ellas se consideran entidades vinculadas las que pertenezcan a un mismo grupo de sociedades o la participación indirecta por una de ellas en al menos el 25% del capital social o de los fondos propios de otra. En empresas familiares, el parentesco hasta el tercer grado.
Arbitraje como solución a los conflictos con el fisco
Lo que más importa a una empresa afincada en varios países es que una disputa entre las respectivas haciendas sobre operaciones intragrupo le conlleve soportar una doble imposición. A las haciendas estatales tampoco les interesa alargar las discrepancias en los tribunales. Por eso, la UE está incentivado instrumentos de mediación como el arbitraje que aceleren la resolución de conflictos. La Hacienda española, por su parte, ha elevado de tres a cuatro años (ampliable a seis) el plazo en el que puede regir un sistema de valoración previa acordado con la empresa.
La mayoría del sector financiero prevé problemas
La valoración a precios de mercado de las operaciones vinculadas está obligando a las empresas a tener muy en cuenta su contabilidad interna. Un reciente estudio elaborado por la firma Ernst & Young en 108 instituciones financieras de todo el mundo revela que 9 de cada 10 de estas compañías reconocen que es muy probable que sus políticas de precios de transferencia sean cuestionadas por las autoridades fiscales en los próximos dos años. Como corolario, más de la mitad de los encuestados han incluido una provisión para hacer frente al riesgo fiscal.