Sus señorías debaten el cambio del horario laboral a la española
Una subcomisión del Congreso trabaja para mejorar la productividad y repartir el trabajo doméstico
Horarios a la carta, trabajo a tiempo parcial, permisos de paternidad a la manera nórdica, y todo con coste nulo para las empresas. ¿Quién da más? Los partidos políticos han entrado en una carrera sin retorno: la conciliación de la vida laboral con la personal y familiar. El Gobierno dio el pistoletazo de salida con el Plan Concilia para los funcionarios, pero el poder legislativo no quiere quedarse atrás y una subcomisión del Congreso creada por unanimidad analiza desde diciembre por qué España es uno de los países europeos en los que más horas se trabajan pero también uno de los menos productivos, y busca soluciones que aseguren el reparto equilibrado de las tareas del hogar entre hombres y mujeres.
La reducción y la flexibilización de horarios es una necesidad, según todos los grupos. María José Sánchez, del PSOE, apuesta por el diálogo con los agentes sociales antes que por legislar. 'No se puede conciliar por decreto ni por ley', asegura. Sánchez cita la ley británica de 2003, que permite que el empresario y el trabajador lleguen a un acuerdo sobre su jornada. Los sindicatos desechan esta idea porque la ley española no permite este tipo de contratos individuales. Carmen Quintanilla, del Partido Popular, que impulsó la subcomisión, reconoce que la vía en muchos casos 'serán los convenios colectivos'.
Sánchez pone como ejemplo de esta actitud dialogante el borrador del anteproyecto de Ley de Igualdad, que el Gobierno entregó el 6 de febrero a patronal y sindicatos, que propone, entre otras reducciones del horario, un permiso de paternidad exclusivo para los padres de diez días ajeno al de disfrutan las madres; aunque a grupos como CiU, PNV e Izquierda Verde este plazo les parece corto. 'Se podría ampliar', matizan desde el PSOE.
'No se puede conciliar por decreto ni por ley', reconocen los diputados
En lo que coinciden todos es en apuntar al problema de fondo que, según ellos, debe solucionarse al mismo tiempo que la cuestión de los horarios: el reparto desigual de las tareas del hogar entre hombres y mujeres. La representante del PSOE cree que no basta con que las prestaciones sean las mismas para ambos sexos: 'En Finlandia es así y al final los permisos se los toma la mujer. Los incentivos para reducir su jornada o para renunciar a ella no pueden ser solo económicos, porque al final lo que ocurre es que las mujeres dejan las empresas y rompen su carrera laboral'. Por eso se estudiarán otro tipo de prestaciones de la Seguridad Social, incluyendo la creación o subvención de guarderías, en la que podrían colaborar las propias empresas, como cuenta Mercè Pigem, portavoz de CiU en la subcomisión. 'Todo se pagaría con dinero público, y el coste para las empresas sería nulo'. Los distintos grupos coinciden en que el gasto público en políticas familiares es muy pequeño.
Además de la resistencia empresarial y sindical, la subcomisión está limitada por las competencias autonómicas, que le impedirán regular los horarios escolares, por ejemplo. Su trabajo también se verá solapado o multiplicado por el desarrollo de la Ley de Igualdad y de la Ley de Dependencia, que se encuentran aún en fase de borrador.
Al término de sus reuniones, la subcomisión emitirá un informe que deberá ser aprobado por la comisión de Trabajo, antes de pasar al pleno. Emilio Olabarría (PNV) prefiere que no se tomen decisiones precipitadas. 'Es mejor identificar bien los problemas'.
El error de alargar la jornada para ganar puntos
No basta con leyes, hay que cambiar la mentalidad y las costumbres de los españoles para que tengan una relación más razonable con su trabajo. El poder político lleva la iniciativa de un proceso que, según el diputado del PNV Emilio Olabarría, 'deberían tomarse en serio tanto sindicatos como empresarios. Los sindicatos sólo están sensibilizados con los problemas del trabajador típico, no con los parados o con las amas de casa que quieren incorporarse al mercado de trabajo.'Carmen Quintanilla, del PP, está convencida de que las empresas saldrán beneficiadas con medidas conciliatorias, como en el caso de IBM, que 'ya las está aplicando'. Entre las costumbres perjudiciales para la productividad, los políticos destacan la tendencia a alargar la jornada laboral artificialmente para ganar puntos ante el jefe o simplemente para no salirse de la norma.Otra tradición son las largas sobremesas: una excepción en Europa, y una herencia del pluriempleo de la posguerra: entre trabajo y trabajo, dos horas para la comida. Mercè Pigem (CiU) cree que cambiar los horarios por ley 'es imposible', y que las tradiciones se cambian con medidas pequeñas y sencillas, como 'adelantar la emisión de los telediarios, para que la gente sienta la necesidad de llegar antes'.También es una cuestión de prioridades. María José Sánchez, del PSOE, lo explica: 'Si un trabajador tiene que acompañar a su padre al médico, está mal visto. En cambio si dice que tiene que ir a hacer unas gestiones, se ve como lo más normal. Hay que cambiar esa visión'.