La 'cláusula Camps' salva las lagunas del Estatuto valenciano
Más allá de la batalla lingüística y de la polémica sobre el techo electoral, a los ponentes de los principales grupos parlamentarios les preocupaba durante el tránsito por el Congreso de la reforma estatutaria valenciana que su contenido quedara por debajo de las expectativas creadas por la propuesta llegada de Cataluña. Así ha sido en realidad en los aspectos ligados a la financiación, pero la famosa cláusula Camps, que permitirá a la comunidad valenciana beneficiarse de las mejoras que incorporen otros estatutos, garantiza una cierta homogeneidad en las reglas que regirán para todas las autonomías. Así lo estiman el PP y el PSOE, los dos partidos que trajeron la reforma pactada al Congreso de los Diputados.
De hecho, el equipo del Ministerio de Economía que ha negociado el Estatuto catalán considera generalizables al resto de las comunidades la mayoría de los preceptos incorporados al mismo, donde se precisa con mayor concreción que en el valenciano las atribuciones de la futura agencia tributaria propia así como su funcionamiento.
En todo caso, los principales ponentes del Estatuto valenciano consideran que el modelo de financiación pactado por el Gobierno con CiU beneficiará también a su comunidad ya que la cesión de un mayor porcentaje de impuestos implicará un aumento de la autonomía fiscal y con ello una mayor recaudación siempre que se mantenga el actual ritmo de crecimiento económico.
En el capítulo de competencias, los dos estatutos son muy similares pues en ambos hay un reparto bastante homogéneo de las competencias exclusivas y las que serán compartidas con el Estado.
Quizá la mayor diferencia, según los ponentes valencianos, estriba en el vínculo que el Estatuto catalán establece entre las inversiones del Estado en infraestructuras y la aportación de esta comunidad al PIB nacional, que de ser ventajoso también para la comunidad valenciana quedaría igualmente garantizado a través de la cláusula Camps. El compromiso del Gobierno con Cataluña tiene un alcance de siete años, a partir de 2007.