La opa lleva a Endesa cerca de máximos históricos
Los accionistas de la eléctrica han ganado un 30% en medio de una guerra con frentes financieros, políticos y judiciales
La opa lanzada el 5 de septiembre pasado por Gas Natural sobre la primera compañía eléctrica ha sacudido no algo más que el sector energético español. Su irrupción en la escena ha sobrepasado los límites del ámbito económico y ha encontrado amplio eco en buena parte de la sociedad.
Los primeros afectados, en cualquier caso, del acercamiento de la compañía catalana hacia la madrileña han sido los propios accionistas de Endesa. El precio de las acciones de la eléctrica se encuentra en la actualidad en máximos históricos (cotizan a 24,8 euros) después de que la cotización haya repuntado un 29,9% desde el 5 de septiembre. Este rally alcista -usando el argot bolsista- ha colocado a los títulos cerca de sus máximos históricos y los ha situado en cotas desconocidas desde 1999, el año posterior a la privatización completa de la compañía.
A esta revalorización de los títulos de la eléctrica ha ayudado el anuncio de dividendos por 2.541 millones que el presidente de Endesa, Manuel Pizarro, hizo público hace dos semanas y media, un anuncio encaminado, en buena medida, a contrarrestar los cantos de sirena de la opa. La retribución al accionista ascenderá a 7.000 millones en cinco años.
El mundo económico y bursátil, sin embargo, apenas ha sido uno más de los ámbitos afectados por el seísmo. Los partidos políticos han recibido los planes de Gas Natural como nueva munición que usar en la pelea diaria entre Gobierno y oposición. El fuego cruzado entre los dos partidos mayoritarios comenzó el mismo 5 de septiembre. Ese día, el PP manifestó su rechazo rotundo a la operación, argumentando que la operación pondría 'en serio riesgo la competencia'.
En estos cerca de cinco meses que han transcurrido desde que Gas Natural informó al mercado de sus intenciones, el gran blanco de todas las críticas políticas de la oposición y de distintos medios de comunicación ha sido el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, sobre todo después de que los medios destapasen a finales de noviembre que La Caixa, principal accionista de Gas Natural con el 33,06% del capital, había condonado a su partido, el PSC, seis millones en préstamos.
Montilla, sin embargo, no sería la única figura pública a la que ha salpicado esta operación y su politización. Una semana después de saltar la noticia, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel Conthe, pidió por escrito a Endesa que actuase con 'pasividad' ante las intenciones de la compañía catalana. Conthe se amparaba en el artículo 14 del Real Decreto sobre opas, que obliga a una entidad a 'abstenerse de realizar, por sí o a través de terceros, cualquier operación que tenga por objeto perturbar el desarrollo de la oferta'. Pizarro recurrió a la Audiencia Nacional después de acusar al regulador de 'cercenar' su derecho a defenderse. 'Ustedes, seguramente, ganarán, pero déjenme jugar', afirmó en una rueda de prensa el 16 de septiembre, mientras blandía con su mano derecha un ejemplar de la Constitución. Los tribunales dejaron sin efecto la petición de Conthe.
No sería la última vez que la política y juzgados se cruzaran en los caminos de Endesa y Gas Natural desde septiembre. La Comisión Europea demoró más de dos meses el anuncio de su decisión, hecha pública el 15 de noviembre, de que fuesen las autoridades españolas las que decidiesen si los perjuicios ocasionados por la concentración de ambas compañías la hacían desaconsejable. Su retraso en hacer público su dictamen convirtió a la comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, en blanco de las críticas, que han puesto en duda su credibilidad como árbitro neutral de las empresas europeas. La entrevista privada en La Moncloa entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, días antes de la decisión levantó suspicacias entre el PP, que sospechó de acuerdos ocultos sobre la opa. Endesa recurrió ante el Tribunal de Luxemburgo la decisión de Kroes. El miércoles, este tribunal rechazó aplicar medidas cautelares.
Tampoco se libraron de polémica las antagónicas recomendaciones emitidas respectivamente por la Comisión Nacional de la Energía y el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC). El primero en dar a conocer su parecer fue el regulador eléctrico, que a principios de noviembre aprobó con 10 condiciones 'fáciles de asumir' por Gas Natural, como aseguró en su informe la propia institución. Endesa presentaría un recurso ante esta decisión. Durante la primera semana del año, el TDC dictaminó -tras dos días de profundas tensiones entre sus vocales- que la opa sobre Endesa tendría 'profundos efectos' sobre la competencia, lo que llevó al organismo a recomendar al Ejecutivo que la declare 'improcedente'. Esta recomendación, no obstante, no se produjo sin discrepancias, dado que tanto el presidente Luis Berenguer como otros dos vocales opinaban que la operación había de ser aprobada con condiciones.
Uno de los principales efectos de la opa, a secas, y de su intensa politización, ha sido la de animar la campaña de diversos medios de comunicación y organizaciones para fomentar el anticatalanismo en la sociedad y llamar al boicot a los productos catalanes con motivo de la propuesta de nuevo Estatuto autonómico. Esta situación llevó al presidente de La Caixa, Ricardo Fornesa, a proclamar en noviembre el carácter 'español y apolítico' de la caja. De poco ayudaron las declaraciones de la presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien en septiembre azuzó el fuego con una frase -calificada inmediatamente de 'lapsus'- en la que lamentaba que la operación pudiese llevar 'la sede de Endesa fuera del territorio nacional'.
Informes dispares del TDC y la CNE
La opa de Gas Natural sobre Endesa ha provocado fuertes tensiones también en los organismos competentes. La redacción de los dictámenes sobre los efectos de la operación sobre el libre mercado elaborados por la Comisión de la Energía (CNE) y el Tribunal de la Competencia (TDC) no han sido tranquilos ni unánimes. Sobre todo el de este tribunal.El pasado 5 de enero, el TDC concluyó el dictamen que el Gobierno le había solicitado en noviembre sobre la operación energética. La recomendación del tribunal fue explícita: 'que el Gobierno declare improcedente la operación y ordene que no se proceda a la misma'. Sin embargo, no todos los magistrados estaban de acuerdo con la decisión.El dictamen y sus conclusiones se redactaron en medio de fuertes tensiones entre los miembros del tribunal, la mayoría de los cuales había sido nombrado durante el anterior gobierno del PP. Así, tres días antes de que se hiciera pública la resolución, seis de sus nueve miembros votaron en contra de autorizar la opa. La resolución ya estaba clara.Tras un prolijo análisis de los efectos de la operación en los distintos mercados en los que actúan las empresas (aprovisionamiento de gas natural, generación y distribución y comercialización de luz y gas), el TDC consideró 'que la operación tiene profundos efectos sobre el nivel de competencia efectiva de los mercados relevantes' y que 'altera gravemente la dinámica competitiva en unos mercados en pleno proceso de liberalización'.Los tres vocales, entre ellos el propio presidente del Tribunal, Luis Berenguer, partidarios de la aprobación con condiciones criticaron duramente esta decisión en su voto particular. Según estos vocales, el tribunal no había sido 'coherente con otros informes realizados en materia de concentraciones del sector energético que planteaban también serios problemas de competencia'. Pusieron como ejemplo el informe de la fusión de Endesa e Iberdrola, operación que, según los consejeros, 'deterioraba gravemente las condiciones de competencia del mercado'. Pese a ello, el TDC entendió que 'existían soluciones de desinversión para asegurar el mantenimiento de la competencia'. Sin embargo, en este caso el TDC rechaza cualquier condición diferente a las ofrecidas por las empresas. La minoría subraya que la legislación española permite imponer condiciones que no hayan sido propuestas y recuerda que la doctrina del Supremo dice 'que es menos restrictiva de la libertad de empresa la aprobación con condiciones que el rechazo formal'.La CNE también tuvo polémica a la hora de votar su dictamen en diciembre. El consejo de administración de la comisión autorizó finalmente la opa por cinco votos a favor y cuatro en contra. El informe aligeró algunas de las condiciones sobre competencia que plantearon sus técnicos, como las relativas a la cuota de aprovisionamiento o la propiedad de las redes. No obstante, se impuso a Gas Natural subastar el gas sobrante del contrato de Argelia.
Cuatro meses de 'guerrilla' en Bruselas
Viernes y 13. Una fecha sin connotaciones supersticiosas en España, pero asociada a malos augurios en la tradición anglosajona del abogado de Endesa, James Flynn (del despacho Clifford Chance). El presidente del Tribunal europeo de primera instancia, Bo Vesterdorf, celebró ese día del pasado mes de enero la vista sobre las medidas cautelares pedidas por la eléctrica para paralizar la opa de Gas Natural. Si Flynn había barruntado algún negro presagio ante la cita, se confirmó cuando intervino el equipo de la Comisión Europea.La CE lanzó un severo ataque contra las tesis de Endesa a favor de una revisión de la operación en Bruselas. Eric Gippini, del servicio jurídico de la Comisión, acusó a la eléctrica de involucrar a Bruselas en una 'guerrilla' para defenderse de la opa.El juez no fue más clemente cuando anteayer denegó las medidas cautelares. Vesterdorf rechaza como 'simples afirmaciones, de carácter vago' los argumentos presentados por Flynn para demostrar el 'daño grave e irreparable' al que están expuestossus clientes si se admite laoperación.A pesar de la derrota, la eléctrica española había sembrado durante cuatro meses 'dudas y confusión', como afirmó Gippini durante la vista. En su estrategia, contó con la inestimable ayuda de la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, que hasta el mes de noviembre del año pasado dio pábulo y credibilidad a los artificios contables invocados por los responsables de Endesa para justificar la dimensión comunitaria de la operación. Kroes acabó admitiendo que el expediente debía tramitarse en España.
Calendario
febreroHoy, viernes, el Consejo de Ministros aprueba la oferta pública de adquisición de Gas Natural sobre Endesa con las condiciones (desinversiones, fundamentalmente) que debe asumir Gas Natural para que le sea autorizada la operación.A comienzos de la próxima semana, se reúne el consejo de Gas Natural para decidir si acepta las condiciones, si la respuesta es afirmativa, debe preparar un plan de desinversiones que tendrá que entregar al Servicio de Defensa de la Competencia y a la Comisión Nacional de la Energía. Tiene para ello un mes de plazo, pero la opa continuará su camino entrando en la fase económica.Una vez aceptadas las condiciones, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) activará la opa mediante la aprobación del folleto con las condiciones de la oferta de Gas Natural. El folleto podría estar listo, previsiblemente, a partir de la segunda o tercera semana de febrero.El 25 de febrero, sábado, se celebrará la junta ordinaria de Endesa en la que se someterá a aprobación un reparto de dividendo histórico de 2,4 euros por acción por los beneficios de 2005.marzo-abrilEl plazo de aceptación de la opa, que comenzará una vez que la CNMV apruebe el folleto, se prolongará durante 45 días, por lo que el fin de la misma podría producirse entrado el mes de abril.El periodo de suscripción se ampliaría si Gas Natural decide subir el precio de la oferta, tal como descuenta el mercado. Lo más probable es que esta decisión la tome al final de esta fase.Antes del fin de la opa Endesa convocará una junta extraordinaria en la que se someterá a aprobación la reforma de los estatutos que exige Gas Natural como condición para mantener la oferta. En este sentido, la junta deberá decidir si levanta la limitación en los derechos de voto en el 10% que tienen los accionistas.