_
_
_
_
Crónica de Manhattan

Arreglar la consulta

El martes, George Bush se dirigirá a la nación en el anual discurso del Estado de la Unión, con el que informará de la situación de país y dará a conocer su programa legislativo anual. El presidente, que ha aparcado sus grandes proyectos de reforma de las pensiones y del código tributario, tiene la intención de hablar, según se ha filtrado, de otra cuestión tan o más contenciosa: los gastos y la cobertura sanitaria.

La cuestión es sumamente importante y así lo consideran los ciudadanos en las encuestas, porque los costes de la salud están disparados y cada vez ejercen más presión en sus bolsillos. Además, tanto GM como Ford, que en tres meses han anunciado 60.000 despidos, han señalado que uno de sus más graves problemas son los gastos en salud de sus trabajadores.

EE UU gastó en sanidad hace dos años el 16% de su PIB. De la factura de unos 80 millones de personas enroladas en el Medicare y Medicaid (sanidad para mayores de 65 años y para los pobres, respectivamente) se encarga el Estado. El resto es cosa de las empresas, aunque cada vez menos proporcionan seguros médicos, y de las familias. Además hay más de 45 millones de personas sin seguro.

Ha habido muchos intentos de reforma sanitaria, pero se han quedado en proyectos. A falta de que se conozcan los planes de Bush, sus propuestas pueden ser oportunas, pero llegan en un momento en el que su credibilidad como gestor de la sanidad está muy baja y tendrá dificultades para obtener un consenso alrededor de una solución de mercado a la crisis del sector sanitario.

Su problema es que el 1 de enero se puso en marcha el Medicare Part D, un plan para los mayores que novedosamente incluye el pago de las recetas médicas. A la D se la conoce ya popularmente como inicial de desastre por el caos que está siendo.

El programa se aprobó en 2003, se le calculó un gasto en los próximos 10 años de 725.000 millones y fue presentado como uno de los grandes logros de la legislatura. Sus detractores criticaron, sobre todo, que la ley prohibiera al Estado negociar los precios de la medicinas con las farmacéuticas.

Pero una vez puesto en marcha, los que estaban en contra de este plan han encontrado más munición para cargar contra él, porque es tan complicado que muchos mayores no saben aún qué hacer o si se han enrolado en el programa que les conviene. Algunos cuyas medicinas estaban cubiertas por el Medicaid se han quedado sin ellas, y una veintena de Estados locales ha tenido que ir a rescatar a los que se quedaban sin fármacos.

Debido a la complejidad del plan, sólo se han enrolado 3,6 millones de los casi 21 millones a los que realmente está dirigido este Medicare, ya que antes no tenían cubierto el pago de las recetas de ninguna manera.

Para colmo, algunas farmacéuticas, que ofrecían sus productos a través de planes especiales gratis o con fuertes descuentos a los más pobres, dicen que ya no lo harán porque están cubiertos por el Medicare. Como en algunos casos hay que hacer copagos, a muchos el cambio les sale incluso prohibitivo.

Desde luego el momento no es oportuno para nuevos planes. Según una reciente encuesta de CBS/The New York Times, cuatro de cada diez consultados pensaban que la sanidad iría a peor y el 51% creía que los mayores terminarían pagando más por sus medicinas al final de esta legislatura.

Archivado En

_
_