Hacia un país más descentralizado
El 'acuerdo global' para la reforma del Estatuto de Cataluña sellado este fin de semana por el presidente del Gobierno y el líder de CiU supone un paso decisivo para sacar adelante el proyecto estatutario. Faltan por perfilar algunos flecos y, además, será precisa una escenificación apropiada del acuerdo para que todos los partidos puedan presentarse como ganadores ante sus respectivos votantes. Sin embargo, los mimbres esenciales del documento parecen bien engarzados.
De salir adelante el documento tal como está ahora, supondrá un salto cualitativo importantísimo en el proceso de descentralización política y administrativa iniciado con la creación del sistema de las autonomías. Un proceso en el que las comunidades han ido ganando cada vez más competencias y, aunque con algunos desajustes, los recursos necesarios para financiarlas. Con el nuevo Estatuto catalán, se abre la puerta para que esta capacidad de autogobierno aumente de forma considerable. No sólo en Cataluña, sino en el conjunto de las comunidades autónomas. Y la mejor muestra la dió ayer mismo el presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien declaró que Galicia no piensa renunciar a ninguna de las medidas de autogobierno incluídas en el nuevo Estatuto catalán.
Todas las comunidades deberían avanzar de manera sincronizada en materia de competencias y gestión de recursos. Una regla general que, aunque no se aplica a las forales, debería mantenerse para el resto de las autonomías. De ahí la importancia de que el Gobierno haya exigido que cualquier fórmula de financiación prevista para Cataluña sea extensible al resto de las comunidades autónomas.
El Ejecutivo se ha comprometido a ceder a Cataluña, y al resto de las comunidades, el 50% de IRPF e IVA y el 58% de los impuestos especiales sobre alcohol, tabaco y carburantes. En estos momentos las autonomías tienen transferido el 33% del IRPF (con capacidad normativa en el tramo autonómico), el 35% del IVA (sin capacidad normativa) y el 40% de los Especiales (con capacidad normativa sólo en carburantes). Además, se creará una Agencia Tributaria consorciada entre la Generalitat y el Gobierno central para gestionar los tributos cedidos. El Ejecutivo se ha comprometido también a reconocer la deuda histórica de Cataluña en materia de inversiones reclamada por los partidos catalanes y a que, en el futuro, esta comunidad reciba inversiones del Estado en un porcentaje equivalente a su aportación al PIB nacional.
Faltan por definir puntos importantes pero, a juzgar por lo que se conoce hasta ahora, los partidos catalanes han obtenido importantes avances respecto al Estatuto de 1979. El documento queda lejos, sin embargo, de la propuesta inicial aprobada por el Parlamento catalán y parece asumible por el Ejecutivo central y por el resto de las comunidades autónomas. En eso consiste, ni más ni menos, una negociación. Lástima que para materializarla algunos hayan considerado necesario tensar en exceso la cuerda, favoreciendo con ello a quienes tenían como único objetivo abortar cualquier intento de reforma del Estatuto catalán.