Creade pide que se regule la recolocación
El sector necesita de una normativa que acabe con el intrusismo y sea un derecho para todos los empleados
La consultora de recursos humanos Creade, perteneciente al grupo Adecco, tiene en marcha una propuesta que quieren dar a conocer al Gobierno, a los sindicatos y a la patronal, con el fin de que emprendan algún tipo de iniciativa para regular los programas de recolocación. Como argumentos, a raíz de un informe jurídico elaborado por Garrigues, esbozan unos principios generales, como que la recolocación responde a la responsabilidad social de las organizaciones que se plantean la necesidad de resolver la relación contractual de uno o varios de sus colaboradores por causas no imputables a éstos. También a la falta de efectividad de los organismo públicos en la gestión, dice el escrito de la consultora, de programas de inserción de desempleados en el mercado de trabajo.
El servicio de recolocación no es otra cosa que una actividad de orientación y de consejo, cuyos costes no son asumidos en ningún caso por los trabajadores que los reciben y se insertan en un marco de colaboración con los servicios públicos de empleo. En este sentido y debido a la inexistencia de regulación específica, se suele sustituir este servicio por una mayor contraprestación económica. Pero, además, solamente reciben este servicio los empleados de las grandes empresas o de compañías consideradas socialmente responsables. Muy pocas veces, así lo reconoce Pau Hortal, presidente de Creade, lo reciben empleados de pequeñas y medianas empresas. También la falta de normativa conlleva la inexistencia de controles sobre la calidad del servicio. 'Se deben evitar situaciones como la que hacen algunas compañías del sector que llegan a adquirir compromisos de recolocación del cien por cien', asegura Hortal.
Es un sector muy sensible, añade, en el que cabe todo tipo de picaresca. 'Nosotros ayudamos a la gente a recolocarse, pero no somos una agencia de recolocación', afirma el presidente de la consultora, que reclama un cambio de mentalidad y una mayor implicación de los agentes sociales. También recalca que dicha regulación podría, y debería, enmarcarse dentro de la actual reforma laboral. 'Sería lo idóneo'.
El documento recoge varias posibilidades, como una normativa de carácter general, o a través de una fórmula subsidiaria de este modelo, que se basaría en una autorregulación del sector como consecuencia de un mutuo acuerdo entre las partes que intervienen en las relaciones laborales, ya sea por iniciativa propia o bajo el amparo de alguna administración pública.
Otra opción es regular a través de la negociación colectiva, un modelo intermedio que podría ser adecuado pero no evitaría el riesgo de atentar contra la exigencia constitucional de un marco normativo único en materia laboral, dado que serían probablemente trabajadores de determinados sectores y empresas los que tendrían la posibilidad de hacer uso de este servicio en detrimento de los empleados de otras compañías o sectores de menor tamaño. En cuanto al coste de los programas de recolocación, la propuesta dice que deberá ser financiado por la empresa que extinga el contrato. Sin embargo, en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), el texto sugiere que el coste pueda ser sufragado por la empresa, 'si bien podrá arbitrarse la posibilidad de financiación pública cuando ésta se encuentre en situación concursal o acredite suficientemente no disponer de recursos para asumir este coste'.
Se trataría, por tanto, de arbitrar un fondo con recursos públicos destinado a sufragar el 100% del coste de este tipo de programas para empresas en situación concursal y hasta un 25% con carácter general, y al que podrán acogerse todas las compañías que estén obligadas a sufragarlos.
Por último, la propuesta recoge que las empresas de recolocación prestarán sus servicios en colaboración con los servicios públicos de empleo. Y los trabajadores sujetos a estos programas deberán estar inscritos en los registros correspondientes.
Requisitos para prestar este servicio
Entre las propuestas que se recogen se encuentran también una serie de exigencias para poder desarrollar este tipo de actividad. Por ejemplo, las empresas que se dediquen a la recolocación de profesionales deberían tener su sede social en España y estar inscritas en el registro correspondiente. También tendría que depositar la fianza que legalmente se establezca, así como acreditar la capacidad para el desarrollo de la actividad y la disponibilidad de metodologías y soportes adecuados. Debería disponer de un equipo mínimo de 10 profesionales en plantilla.