Economía de guerra y Salamanca
Cuando se observa la bibliografía utilizada en los análisis económicos sobre la guerra civil, raramente aparecen como fuente de información archivos como el de Salamanca, que conservan documentos originales que sin duda podrían proporcionar una valiosa y original información sobre múltiples aspectos, como la financiación internacional de que fueron objeto los dos bandos contendientes. Ahí están el papel jugado por los depósitos de oro enviados a Rusia, los acuerdos para evitar la destrucción de la siderurgia vasca y otros temas tan conflictivos y reveladores como las cuentas abiertas en bancos extranjeros para garantizar un futuro acomodado a quienes se vieran obligados al exilio.
No es raro que los investigadores históricos de la economía, como los de otras disciplinas, conocedores del tesoro documental con que cuenta España, no utilicen información de nuestros archivos puesto que, para hacerlo, es preciso desplazarse al lugar donde se guardan los documentos, con el coste y la pérdida de tiempo consiguientes, hay que buscar en ficheros obsoletos la documentación que se necesita (muchas de las cajas de Salamanca no se sabe qué contienen por no estar catalogadas por materias sino por lugares de procedencia). Aun en el caso de encontrar lo que se busca, hay que revisar miles de papeles de valor incalculable que no pueden por menos de deteriorarse con el uso y que incluso han podido ser sustraídos por usuarios desaprensivos.
Pero estas trabas a la investigación, y por tanto al conocimiento de nuestra realidad, no preocupan a quienes pretenden seguir conservando sus papeles; eso sí, amorosamente. Y como nadie habla de la función que debe cumplir un archivo histórico, se facilita que prosperen argumentos viscerales que, una vez más, tienden a enfrentar a los ciudadanos, en este caso catalanes y castellanos, y se impide que quienes precisamente han hecho dejación de su responsabilidad durante muchos años, sin ordenar, catalogar y copiar digitalmente todos los fondos documentales para facilitar su uso universal, puedan centrarse en la defensa numantina de los documentos originales que desean conservar e incluso sean capaces de utilizar, pervirtiendo su fundamento original, la frase de Unamuno del 'venceréis pero no convenceréis'.
Además de generarse esta crispación entre comunidades, la falta de consideración de los fundamentos de un archivo histórico como el de la Guerra Civil de Salamanca impide también que pueda llegarse a una solución definitiva sobre el destino y el uso de toda la documentación existente sobre ese importante periodo histórico, que no sólo se encuentra repartida entre Barcelona y Salamanca sino que está dispersa por el Archivo Histórico Nacional de Madrid, el Archivo General Militar de Ávila y el de Guadalajara, los archivos de Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores, los Archivos Histórico Militares de Barcelona y Segovia, el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares y otros múltiples lugares de carácter privado donde no existen garantías sobre el uso generalizado de la información y, lo que es fundamental, sobre la conservación de aquella documentación que pudiera considerarse contraria a los intereses de sus propietarios. Este sería el caso, por ejemplo, de los archivos de la CNT o del Partido Comunista de España (PCE), el Archivo de Julián Besteiro y las fundaciones Largo Caballero, Indalecio Prieto o Francisco Franco, que conserva unos 30.000 documentos de extraordinario valor sólo consultables por quienes exhiban un carné nacional de investigador.
Esta ridícula batalla sobre la custodia de esa documentación original, cuyo traslado está previsto para hoy mismo, no tiene en cuenta ni la referida dispersión de los archivos de la Guerra Civil ni la promesa de la Generalitat de devolver al Archivo de Salamanca una documentación digitalizada que duplicará la recibida en esta histórica devolución. Además, la batalla podría extenderse a otras regiones que también tienen documentación en Salamanca, como Madrid o la Comunidad Valenciana, e incluso a otros archivos, sin ir más lejos al disperso Archivo General de la Corona de Aragón.
Pero el efecto más perverso del mal uso de nuestros archivos es el de privar a los ciudadanos del conocimiento de nuestra historia, que sigue oculta gracias a medidas como la tomada por Franco con su decreto de 4 de junio de 1940, ordenando que en el censo de ese año figuraran preceptivamente los desaparecidos y ausentes, lo que llevó a un crecimiento de población del 9,8% respecto al censo de 1930, de donde se podía deducir que la guerra no había causado víctima alguna, puesto que ese crecimiento era similar al del periodo 1920-1930 e incluso tres puntos de porcentaje superior al que se vino a registrar entre 1940 y 1950.