Conthe reclama sanciones más duras para los casos de administración desleal
La Comisión Conthe no sólo ha armonizado y actualizado los códigos de buen gobierno de Olivencia y Aldama. También ha decidido elevar al Gobierno propuestas entre las que destaca la petición de un régimen más duro contra la deslealtad de los administradores.
Entre las tareas del grupo de trabajo especial sobre buen gobierno bautizado como Comisión Conthe estaba la de proponer modificaciones normativas que juzgase complementarias con el nuevo Código Unificado. El grupo ha decidido realizar dos recomendaciones a las instituciones financieras y siete al Gobierno.
Entre estas últimas, se reclama al Gobierno que haga 'más severo y eficaz' el régimen de responsabilidad civil del administrador desleal.
El grupo circunscribe sus recomendaciones sobre la cuestión exclusivamente a los casos de infracción del deber de lealtad, sin hacerlo extensivo a las eventuales acciones de responsabilidad por mera negligencia.
En este sentido, la Comisión Conthe solicita una definición más precisa de los deberes de lealtad y de los procedimientos a seguir en caso de conflicto de interés. En su opinión, además, se deben extender los deberes de lealtad, y de su régimen de responsabilidad, a los accionistas de control, así como a los administradores de hecho y a los ocultos.
Los expertos creen que el Gobierno también debiera estudiar la legitimación directa de los accionistas para el ejercicio de la acción de responsabilidad por deslealtad, configurándola tal vez como un 'derecho de minoría'. Eso, sí, los expertos se muestran partidarios de introducir una cautela: el establecimiento de un trámite de admisión de la demanda, de forma que el juez pueda rechazar aquellas que entrañen abuso de derecho.
El grupo encabezado por el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel Conthe, reclama al Gobierno que estudie 'la elevación de las sanciones, de forma que incluyan en todo caso la devolución del enriquecimiento injusto'.
En relación con los conflictos de interés, otra de las siete grandes peticiones que ha hecho el grupo de trabajo, como ya anunció el mes pasado Manuel Conthe, es la de una definición más precisa de las operaciones vinculadas que evite las 'múltiples interpretaciones que las sociedades cotizadas han hecho de los preceptos legales'.
En este sentido, el grupo especial remite a su propio anteproyecto de Código Unificado, en el que se excluyen de la obligación de ser aprobadas por el consejo una serie de operaciones vinculadas en las que se cumplen a la vez tres condiciones. Primera, que se realicen en virtud de contratos de adhesión cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a muchos clientes. Segunda, que se realicen a precios o tarifas de mercado, fijados con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio de que se trate. Tercera, que su cuantía no sea importante para la sociedad, poniendo como umbral el 1% de los ingresos anuales de cualquiera de las partes. El recibo de la luz de un consejero de una eléctrica entraría dentro de esa descripción de operaciones vinculadas que no es necesario declarar.
Otra de las grandes recomendaciones que el grupo de trabajo eleva al Gobierno es la reducción del porcentaje de accionistas que pueden obligar al presidente a responder a una solicitud de información.
Acciona y los secretos de FCC
En principio, los accionistas tienen derecho a pedir al consejo cualquier información sobre la sociedad ante una junta. Sin embargo, la ley contempla que los administradores puedan invocar el posible perjuicio a los intereses sociales para negarse a facilitar información clave. La ley de sociedades anónimas dice ahora en el apartado cuatro de su artículo 112 que 'no procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social'. La Comisión Conthe propone rebajar del 25% al 5% ese límite, de modo que si lo pide ese 5% haya que facilitar la información incluso si va en contra de los intereses sociales.
Es previsible que esa recomendación obtenga una fuerte respuesta por parte de algunas empresas, especialmente las que tienen socios hostiles en su accionariado. Si el Gobierno cumple sin más lo que propone la Comisión Conthe, eso supondría, por ejemplo, abrir de par en par toda la información estratégica y confidencial de FCC ante una petición de su competidor Acciona o la de NH Hoteles ante los ojos de Hesperia. Los administradores se verían obligados a facilitar la información contra el interés de la empresa, pues de lo contrario incumplirían la ley y podrían ser perseguidos por ello.
Impugnaciones
La Comisión Conthe recomienda al Gobierno que estudie reformas legales 'para evitar el uso indebido, excesivo o abusivo de la facultad de impugnación de acuerdos de las juntas' de accionistas prevista en el artículo 117 de la ley de sociedades anónimas. La impugnación sistemática de juntas de accionistas se ha convertido en una constante en algunas empresas cotizadas.