Sociedad

Galicia exigirá que la nueva ley refleje las 'peculiaridades' de su población

La Xunta de Galicia anunció ayer que apoyará el anteproyecto de Ley de Dependencia propuesto por el Gobierno central pero demandará que la norma recoja las 'peculiaridades?' de la población gallega, que cuenta con un 22% de dependientes, en la mayoría de los casos por tratarse de personas mayores de 65 años.

Esta será una de las exigencias que la Xunta planteará a los responsables del Ministerio de Trabajo en la próxima conferencia sectorial de Asuntos Sociales que se celebrará el 18 de enero para abordar esta futura ley con las comunidades autónomas.

La importancia de este encuentro radica en que el Gobierno central reclamará a las comunidades que aporten algo más de 12.000 millones de euros de forma progresiva entre 2007 y 2015 para la implantación del Sistema Nacional de Dependencia.

La secretaria general de Bienestar Social de la Xunta de Galicia, María Xesús Lago, pidió que 'se tenga en cuenta la situación y características peculiares de Galicia', ya que 'el punto de partida es distinto al de otras comunidades y por ello es necesario hacer otro tipo de esfuerzos'.

Precisamente ayer, la vicepresidenta primera y portavoz de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, se refirió de forma más crítica a este mismo asunto al asegurar que la ley elaborada por Trabajo 'prima a aquellas comunidades que no han hecho inversiones en materia de dependencia'. En su opinión, 'los que no han hecho los deberes salen nuevamente beneficiados' a lo que añadió que 'curiosamente' los menores ratios de inversión se han registrado en las comunidades socialistas.

La vicepresidenta de Castilla y León criticó que el texto de la futura ley no garantiza la puesta en marcha de un gran sistema nacional de dependencia sino que 'fomenta la creación de 17 subsistemas'.

También ayer, la consejera de Trabajo de Murcia, Cristina Rubio se entrevistó con el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, para tratar sobre esta futura ley. En este encuentro reclamó que se el sistema de compensación financiera que en su momento se establezca para las comunidades (igual que el del sistema de salud) 'se aplique con rigidez'.