Salvar la independencia
Basta con contemplar la opa de Gas Natural sobre Endesa para observar que en España el ejercicio de las autoridades independientes está muy devaluado. La historia viene de lejos: desde el nacimiento de nuestra democracia hemos visto conflictos políticos en órganos teóricamente independientes, como es el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que por su relevancia es suficientemente esclarecedor.
La democracia no es sólo una forma de determinar quién o quiénes ostentan el poder político, es también un conjunto de reglas y prácticas para limitar este poder político. La capacidad legislativa y coercitiva del Estado, con su monopolio de la violencia incorporado, podría llevar, de no existir límites, al poder absoluto y a la tiranía. Existen múltiples mecanismos de limitación del poder político democrático como es su sometimiento al imperio de la ley.
La existencia de autoridades independientes es otro de los mecanismos de limitación del poder político. Una sociedad cada vez más compleja requiere jueces independientes; médicos independientes, que diagnostiquen y recomienden con independencia del ministro de Sanidad; ingenieros independientes que informen de las carencias de mantenimiento de una carretera o una central nuclear aunque no se ajuste a los intereses electorales del Gobierno.
La economía de mercado se sustenta en la limitación de la intervención del poder político en las decisiones y actuaciones de los agentes económicos. El poder político establece las reglas del juego y crea el sistema de incentivos, pero no puede efectuar injerencias ni intervenciones arbitrarias. En una economía compleja, como la que vivimos, el funcionamiento de la economía de mercado exige autoridades independientes que regulen el funcionamiento del mercado en base a criterios concretos establecidos en las leyes, sin la injerencia coyuntural del poder político. Por ejemplo: el Banco Central Europeo (BCE) gestiona elementos clave de la política monetaria, independientemente de los Gobiernos y la Comisión Europea, con el objetivo marcado estatutariamente de controlar la estabilidad de precios.
La independencia tiene como objetivo sustraer ciertos ámbitos de la vida colectiva de la lucha política. La no existencia de profesionales y autoridades independientes termina sometiendo todo a un solo objetivo: la conquista y consolidación del poder político. La salud pública, la seguridad de las infraestructuras, la estabilidad de los precios, la educación, la libertad de prensa, las sentencias judiciales y la competencia, entre otros bienes públicos importantes, se convierten en un juguete de la coyuntura y necesidades de la conquista y consolidación del poder político.
En España hay demasiada gente -políticos y ciudadanos- que no cree que puedan existir personas que decidan con criterio independiente. Una sociedad arcaica y la ausencia de democracia nos ha dejado sin experiencia sobre las autoridades independientes que en otros países hace décadas que funcionan con corrección. Un país moderno y plenamente democrático exige crear instituciones independientes, no sólo legalmente, sino en su dimensión ética y de responsabilidad social.
El argumento de que con la existencia de los partidos se garantiza la no injerencia del poder político es falaz. En primer lugar, si las juntas electorales no actuasen con independencia, en España no se podrían celebrar elecciones libres. En segundo lugar, todos los partidos políticos comparten el objetivo de conquistar y retener el poder. El objetivo es legítimo, pero no es ningún bien público por sí solo.
No podemos olvidar que la construcción de funciones y personas que actúen independientemente no es una tarea fácil. Por un lado, requiere mecanismos estatutarios que refuercen la independencia al mismo tiempo que el control democrático, y, por otro lado, requiere el comportamiento ético de los partidos políticos, que no deben injerir, y sobre todo, el compromiso ético de los profesionales y autoridades independientes de que su actuación se ajusta estrictamente a su criterio, de acuerdo con los objetivos establecidos por la ley y su conocimiento experto.
Si queremos realmente profundizar en la democracia y la libertad vamos a necesitar crear entre todos las condiciones para que existan autoridades independientes. De hecho, la idea es fácil, necesitamos personas que ejerzan autoridad como hombres y mujeres libres y no como siervos. Tengo la esperanza que con la generación que no ha vivido bajo ningún régimen autoritario todo esto sea un poco más sencillo.