Un paso más del Estado de bienestar
Cuando están a punto de cumplirse los 20 años de su integración en la Unión Europea, España va a dar otro paso trascendental para sus ciudadanos. La Ley de Autonomía Personal y de la Dependencia consagrará un nuevo derecho de protección social -en forma de prestación de servicios o ayuda económica a quienes no puedan valerse por sí mismos-, que será un importante avance en el Estado de bienestar. El nuevo Sistema Nacional de la Dependencia que regulará esta ley atenderá desde el primer momento al menos a 1,3 millones de personas. Se configura así un cuarto pilar -unido a la sanidad, la educación y las pensiones- con el que España superará el anticuado sistema asistencial y se colocará entre los países más avanzados en asistencia social.
Es deseable, como ayer pidió el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, un acuerdo unánime de comunidades autónomas, ayuntamientos y partidos políticos para que el proyecto de ley, que el Gobierno piensa aprobar en breve, inicie cuanto antes su trámite parlamentario. Porque sería difícil entender que esta norma no fuese consensuada a todos los niveles.
Ayer se dio un primer paso con la firma por el Gobierno, la patronal y los sindicatos de un acuerdo que establece las bases del sistema. Pero quedan flecos sustanciales. Aunque está decidido el método del copago y que éste sea en función de la renta, el Ejecutivo aún no ha cerrado con las autonomías qué parte del conjunto del sistema pagarán las Administraciones públicas (siempre más del 50%) y cuánto recaerá sobre los usuarios. Es decir, cómo se financiará un sistema que supondrá anualmente el 1% del PIB.
El otro gran obstáculo es de dónde sacará el Estado central su parte de financiación. Hacienda deberá decidir si el sistema arranca con cargo a la Seguridad Social o a los impuestos. La lógica es que un servicio universal sea sostenido por toda la sociedad. Lo que no merece discusión es que la norma deba tramitarse como ley básica. Sólo así se podrán establecer unos mínimos para todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma en que vivan.