Solbes ofrecerá una propuesta alternativa al tripartito catalán
El Gobierno trasladará en los próximos días una nueva oferta a los grupos políticos que apoyaron la propuesta de Estatuto catalán para tratar de garantizar un modelo de financiación generalizable al resto de las comunidades autónomas. La propuesta inicial del Ministerio de Economía recibió ayer el rechazo formal de Iniciativa per Cataluña, Esquerra Republicana y CiU, formaciones que expusieron, no obstante, su voluntad de acuerdo.
Fuentes gubernamentales admitieron ayer que la oferta de financiación trasladada el pasado viernes a estos grupos políticos es la base sobre la que debe asentarse la negociación y, de hecho, todos la entendieron ayer como una propuesta de mínimos necesitada de avances sustanciales en aspectos que afectan a la cesión y la gestión de impuestos, la transferencia de capacidad normativa y la regulación de la futura agencia tributaria catalana. Esta misma semana, probablemente, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, trasladará una nueva propuesta a estas formaciones. Fuentes del Ministerio de Economía señalaron que 'hay posibilidades de avanzar'.
En la negociación formal iniciada ayer con Iniciativa per Cataluña, Convergencia i Unió y Esquerra Republicana, el Gobierno insistió en que hay aspectos que pueden figurar en el Estatuto y otros que tendrán que remitirse a la futura reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) porque afectan al conjunto de los territorios.
El Gobierno es consciente de la tendencia que tendrán estos partidos a escenificar importantes desacuerdos, pero el vicepresidente económico, Pedro Solbes, tiene el encargo del presidente del Gobierno de cerrar la negociación principal antes de enero, mes inhábil desde el punto de vista parlamentario, para evitar alargar el correspondiente desgaste político y también conseguir que el Estatuto entre debidamente engrasado en la Comisión Constitucional, a partir de febrero. El portavoz de Iniciativa per Cataluña, Joan Herrera, consideró ayer 'imposible' alcanzar un principio de acuerdo sobre financiación antes del día 27, fecha límite para la presentación de enmiendas en el Congreso, por lo que sugirió una ampliación de plazos. En la misma tesis están ERC y CiU.
En la reunión de ayer representaron al Gobierno el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, y el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Tuvieron como principales interlocutores de IC, ERC y CiU a Joan Herrera, Joan Puigcercós y Josep Sánchez Llibre, respectivamente. La nueva propuesta de Economía se redactará a partir de las consideraciones hechas por todos ellos y, en caso de alcanzarse un acuerdo, se procedería a una reunión conjunta que encabezaría Pedro Solbes, aunque no faltan voces que solicitan la implicación del propio Zapatero.
En el documento remitido por el Gobierno, se eliminan del Estatuto todos aquellos aspectos que no pueden ser generalizables al resto de los territorios. Entre ellos, la 'responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno' de los impuestos estatales cedidos, así como la asunción por parte de la Generalitat de 'la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos estatales soportados en Cataluña'.
El Gobierno incide también en la necesidad de respetar las competencias estatales sobre financiación local, en las que también entra el Estatuto.
La solidaridad, principal escollo
Los representantes de los partidos que apoyaron el Estatuto y se reunieron ayer por separado con el Gobierno constataron que uno de los principales escollos para alcanzar un acuerdo reside en la regulación de los mecanismos de solidaridad que incorpora el texto llegado al Congreso. La propuesta presentada por el Ejecutivo elimina la competencia directa que el Estatuto concede a la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat para 'determinar la aportación catalana a la hacienda del Estado'.El Ministerio de Economía tampoco admite que se le quite al Estado la potestad para decidir el porcentaje de participación de Cataluña en la distribución territorial de los fondos estructurales europeos. En el documento del Gobierno se considera que ésta es una competencia estatal, 'sin perjuicio de los procedimientos que puedan existir de participación de las comunidades en la elaboración de las propuestas que el Estado presente en la Unión Europea'.Economía tampoco está de acuerdo en que la citada comisión mixta sea la que determine las medidas de cooperación necesarias para garantizar el equilibrio del sistema de financiación cuando pueda verse alterado por decisiones legislativas estatales o de la UE que afecten a los tributos cedidos, pues si se transigiera en este punto 'se podría dificultar el uso de la capacidad normativa del Estado'.Los desencuentros entre el Gobierno central y los partidos que apoyaron el Estatuto afectan también a las inversiones en infraestructuras en Cataluña. El texto llegado del Parlamento de esta comunidad establece un cómputo plurianual para certificar que la inversión del Estado se equipare progresivamente a la participación relativa del PIB catalán con relación al PIB estatal, una iniciativa que Economía elimina del texto.