Farmacia

El PSOE dice que es muy difícil lograr un acuerdo en financiación

La Administración central y las comunidades autónomas tienen el reto de alcanzar un acuerdo sobre financiación sanitaria, una partida que copa aproximadamente un tercio de los fondos autonómicos. El PSOE cree que el PP no facilita las vías políticas, si bien ambas partes coinciden en las bases.

Llegar a un gran acuerdo para la financiación sanitaria al estilo del otrora alcanzado con las pensiones -el llamado Pacto de Toledo renovado en octubre de 2003- no parece algo posible a corto plazo, a juzgar por lo que asegura Isabel Pozuelo, portavoz de Sanidad del Congreso del Grupo Parlamentario Socialista. Así, Pozuelo apuntó en el marco de V Jornada de Economía de la Salud, organizada por Fundamed y el Instituto de Empresa, que 'la coyuntura política hace que el principal partido de la oposición no esté en disposición de sentarse en la mesa y llegar a un acuerdo'.

En este sentido, la secretaria ejecutiva de Política Social del PP, Ana Pastor, ha salido al paso destacando que la intención de su partido es llegar a un 'acuerdo necesario' que debe contar con el apoyo de todos los partidos políticos y de las Comunidades Autónomas, tal y como sucedió -apunta- durante la puesta en marcha de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) alcanzada en la pasada legislatura.

No obstante, y más allá de posiciones políticas, el debate ha reflejado más puntos de encuentro que de discrepancia, según reflejó, Federico Plaza, patrono de Fundamed.

Estos puntos esenciales son algunos como la universalidad de las prestaciones, la solidaridad entre las diferentes autonomías y, asimismo, la necesidad de controlar el incremento del gasto sanitario en general y farmacéutico en concreto.

También participó en esta mesa de debate José María Hernández, director del Departamento Económico de Farmaindustria, quien apuntó que un pacto de esas características debe ser un instrumento para resolver conflictos y para ello debe alcanzar un equilibrio entre contención del gasto y fomento de la innovación en medicamentos y tecnología sanitaria.

En esta línea, Hernández insta a que las medidas que se van tomando desde la Administración en el camino hacia ese gran pacto no castiguen de manera directa a la industria: 'Se debe pensar si conviene un pacto o que una ley como la del Medicamento establezca los equilibrios'.

Por el momento, y a la espera de posibles cambios en el trámite parlamentario de la ley, Hernández ha sumado nuevos datos al impacto que puede tener esta norma si llega a aprobarse tal y como está contemplada y que puede traducirse en recortes de 1.000 personas en empleo neto en la industria y que el próximo año se dejen de incorporar otras 1.500 personas para trabajar en este sector.

Las cuentas claras antes de llegar a un acuerdo

La necesidad de un pacto estable sobre financiación entre partidos políticos y administraciones para garantizar el futuro del sistema fue algo que quedó patente en la V Jornada de Economía de la Salud.

Sin embargo, los ponentes también dejaron claro que es imposible buscar soluciones consensuadas para paliar el déficit sanitario, si éste no se conoce. Y es que las administraciones han sido, hasta la fecha, bastante reacias a mostrar sus cuentas en materia de sanidad.

Fue Cataluña la primera comunidad que reconoció una deuda de casi 3.000 millones de euros. A ella le siguieron otras autonomías que, además, reclamaron dinero al Gobierno central para solucionar sus problemas de financiación. Por eso, los expertos presentes en el evento, como Adolfo Jiménez, secretario general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, son de la opinión de que difícilmente se pueden destinar recursos a las CC AA, si no se sabe cuánto necesitan.

Esto se ha tratado de solucionar con la creación, en la primera Conferencia de Presidentes, del Grupo de Trabajo de Análisis del Gasto Sanitario. Este grupo ha sido el encargado de cuantificar el déficit autonómico y de supervisar la aportación adicional entregada por el Gobierno a las comunidades para reducir la deuda sanitaria.

Como esta inyección de recursos al sistema es, para todos, una solución coyuntural, los ponentes han apostado por la 'corresponsabilidad fiscal' de todas las administraciones, en palabras de José Luis Perona, ex secretario de Estado de Sanidad y Seguridad Social. Y es que, según dijeron, las autonomías tienen capacidad normativa para gestionar con eficiencia sus recursos sanitarios y aplicar impuestos indirectos para obtener otros adicionales.