Lucha contra el terrorismo

Europa acuerda retener los datos telefónicos y de Internet para luchar contra el terrorismo

Los 25 Estados miembros de la Unión Europea (UE) han acordado una nueva legislación para almacenar datos de telecomunicaciones para luchar contra el terrorismo. Se conservarán entre 6 y 24 meses las informaciones, a partir de las cuales se podrá saber quién ha hecho la llamada, a quién, desde donde y la duración, pero no su contenido, al que sólo se puede acceder si hay una orden judicial. Después de más de seis horas reunidos, han llegado a un acuerdo con los votos en contra de tres países.

El texto acordado señala también que se retendrán los datos relativos a las llamadas telefónicas -incluidas las no atendidas, pero en los casos en que ya estén almacenadas por parte de las compañías- así como las comunicaciones por Internet.

En cuanto al coste, se rechaza que sean los Estados miembros los que deban asumir el coste extra que la aplicación de esta directiva suponga para las industrias de telecomunicaciones.

La presidencia británica de turno de la UE ha reconocido que para lograr el acuerdo todos los países han tenido que realizar concesiones y ha expresado su confianza en que el texto acordado podrá ser aceptado por el Parlamento Europeo, que tiene poder de codecisión.

La reunión de los 25, maratoniania, ha comenzado por la mañana y hasta primera hora de la tarde no se llegado a una acuerdo. ¢Seguimos buscando un compromiso por mayoría calificada. No hemos votado porque aún no hay un texto definido sobre la mesa. Existen fuertes puntos de vista en diferentes direcciones", admitía a primera hora un portavoz de la presidencia británica de la UE al margen de la reunión del Consejo europeo de Interior y Justicia en Bruselas.

La intención de la presidencia británica de lograr un acuerdo chocaba con toda una serie de disputas, que van desde la duración de la retención (algunos pretenden seis meses, otros hasta dos años) y los datos concernidos (el emisor, el destinatario, la hora, la duración y el lugar desde el que se realizó una llamada) hasta el coste y la inclusión o no de las denominadas llamadas perdidas.

El proyecto abarca teléfonos de línea fija y móvil, mensajes de texto telefónicos y correo electrónicos. Sin embargo, no contempla la retención del contenido de la comunicación o los correos electrónicos.

Si bien existe un consenso sobre la necesidad de una retención de datos en el marco de la nueva estrategia europea de lucha antiterrorista, las objeciones son importantes. Según fuentes diplomáticas, las más duras provenían de Irlanda, Dinamarca y Suecia.

En ese sentido, y durante el debate llevado por la mañana, la única contribución irlandesa fue la de advertir que el proyecto está sustentado "sobre una base legal equivocada" y amenazar con recurrir a la justicia europea para evitar su entrada en vigencia, de acuerdo a esas fuentes.

Para los defensores del proyecto, la cuestión es fundamental, como quedó probado durante la investigación de los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, que dejaron 191 muertos, y cuya autoría fue resuelta en gran parte gracias al trabajo realizado sobre los teléfonos móviles utilizados por los terroristas.

Hasta el momento, cada país de la UE actúa en forma unilateral: si en Francia existe la obligación de retener ese tipo de datos, en Alemania ocurre lo contrario. Además, la duración del período de retención varía según el país: cuatro años en Italia, dos meses en República Checa.

La cuestión se presenta aún más compleja si se toma en cuenta que el Parlamento Europeo, que tiene su propia propuesta de compromiso al igual que la Comisión Europea, amenazó con recurrir a la justicia en caso que los Estados miembros deciden avanzar en forma unilateral.