Andalucía vigila otros ayuntamientos pero aclara que Marbella es un caso excepcional
La decisión de la Junta de Andalucía de retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella por 'incumplimiento sistemático y deliberado de la legalidad' ha hecho saltar las alarmas entre los promotores y constructores que operan en la costa andaluza.
La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, insistió sin embargo ayer en que la situación de Marbella, con más de 30.000 viviendas declaradas ilegales desde que gobierna el GIL, es una excepción en Andalucía que no puede compararse con ningún otro municipio.
Aunque la consejera descartaba de esta forma que se vaya a proceder a la retirada de las competencias en otros municipios, fuentes del Ejecutivo andaluz admiten que se sigue con preocupación el descontrol urbanístico que impera también en otras localidades como Manilva, también enclavada en la Costa del Sol y cuyo alcalde, de un partido independiente, ha sido detenido y acusado de pertenecer a una red de delincuencia organizada.
En el caso de Marbella, Gutiérrez añadió que el objetivo de la Junta es que el municipio tenga un plan general que 'restablezca la legalidad y garantice la tranquilidad' a promotores, bancos y usuarios de viviendas. A su juicio, el Ayuntamiento está consolidando situaciones de 'ilegalidad' al no actuar de acuerdo a las resoluciones judiciales.
Obras Públicas reitera el carácter 'transitorio, garantista y excepcional' de la retirada de competencias urbanísticas a un ayuntamiento, que debe ser respaldada por el Consejo Consultivo y el Parlamento. Gutiérrez destaca que durante el actual mandato de dos años de la alcaldesa Marisol Yagüe la Junta ha tenido que impugnar más licencias que las que acumularon Jesús Gil y Julián Muñoz en doce años de gestión.
Los promotores andaluces de turismo residencial, sin embargo, no comparten las razones de la Junta y alertan de que la nueva ley y el 'caso de Marbella' puede disuadir a los inversores y conducir a la Costa del Sol a una crisis como la de los años 90 derivada de un 'parón' del sector. Las otras críticas han llegado del lado del PP andaluz, que prefiere la disolución del ayuntamiento y la convocatoria de elecciones.