La hipoteca inversa tendrá beneficios fiscales para los dependientes en el IRPF
Las personas dependientes y mayores de 65 años contarán con beneficios fiscales al contratar una hipoteca inversa cuando entre en vigor la nueva Ley de Dependencia y el nuevo IRPF, según confirmaron ayer el Grupo socialista y CiU en el Congreso.
Con esta medida se pretende ayudar a este colectivo que tiene que hacer frente a los gastos que genera la dependencia y las enfermedades asociadas al aumento de la esperanza de vida. Se tiene en cuenta que en España el 82% de los hogares son propietarios de la vivienda habitual, según el último informe del Banco de España.
El grupo socialista y el catalán han llegado a un acuerdo para presentar conjuntamente medidas que favorezcan a las personas dependientes con vivienda en propiedad. El pacto supone la retirada de la proposición de Ley de CiU y la inclusión de beneficios fiscales para la asistencia de la vejez y la dependencia de personas propietarias de inmuebles en la Reforma Fiscal que entrará en vigor en 2007 y con la futura Ley de Dependencia, que está previsto entre en la Cámara en el mes de diciembre, según el compromiso electoral de Rodríguez Zapatero.
Estas medidas favorecerán el desarrollo de la conocida popularmente como hipoteca pensión, es decir, la obtención de un crédito con garantía inmobiliaria. El titular del préstamo recibe cada mes una complemento a su pensión y continúa disfrutando de la casa hasta el fallecimiento o hasta que los herederos hagan frente al pago del préstamo.
Entre los incentivos fiscales destaca la reducción por constitución de préstamos o créditos hipotecarios para asistir las necesidades de los inválidos y jubilados. Sánchez llibre, portavoz catalán considera que este producto financiero no se ha desarrollado en exceso hasta ahora por sus costes fiscales.
Con esta iniciativa se reducirán de la base imponible los gastos de constitución e intereses devengados por los préstamos con garantía hipotecaria que soliciten las personas dependientes y se suprimirán los actos jurídicos documentados, un asunto en manos de las comunidades autónomas.