Las comunidades podrán elevar del 10% al 15% el impuesto de matriculación
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), formado por representantes de las comunidades autónomas y el Gobierno central, aprobó ayer el aumento de la capacidad normativa de la regiones pactado en la Conferencia de Presidentes para ayudar a financiar la sanidad.
Esta se refiere al impuesto de venta minorista de determinados hidrocarburos (el llamado céntimo sanitario), el impuesto sobre electricidad y el impuesto sobre determinados medios de transporte (matriculación).
Respecto a este último se aprobó ayer, a propuesta del vicepresidente económico, Pedro Solbes, que las comunidades autónomas puedan elevar del 10% al 15% el tipo del impuesto de matriculación fijado por el Estado. En la Conferencia de Presidentes de septiembre no se había pactado ningún porcentaje concreto. En el impuesto de electricidad se acordó que las comunidades puedan fijar un tipo autonómico de hasta el 2%.
En el impuesto sobre venta minorista de hidrocarburos, se acordó ayer poder aumentar hasta 4,8 céntimos por litro el tipo de gravamen autonómico. Las comunidades que opten por esta opción serán compensadas por el Estado central. La compensación, sin embargo, sólo se efectuará por el gravamen acordado en septiembre y no por la parte autonómica a la que ya tenían derecho.
Esta circunstancia se ha granjeado las críticas de las comunidades gobernadas por el PP, que piden al Gobierno central que la compensación sea total. De hecho, acusan por ello a Solbes de 'injerencia' en la política fiscal autonómica.
Seguimiento del gasto sanitario
En la reunión de ayer, el Consejo aprobó por unanimidad la ampliación de las funciones del grupo de trabajo de Análisis del Gasto Sanitario formado para tal fin. Este grupo realizará un seguimiento del acuerdo sobre financiación del gasto sanitario alcanzado en la Conferencia de Presidentes, 'con el fin de conseguir una gestión eficiente de los recursos que las comunidades van a recibir'. El vicepresidente Pedro Solbes quiere comprobar si los fondos puestos sobre la mesa (4.000 millones en total) servirán en su integridad a financiar el déficit sanitario de las comunidades.