"Gas natural podrá subir el precio de la opa si no altera el ratio de deuda fijado"

La oferta hostil sobre Endesa supone un reto para el prestigio del órgano que regula un sector, el energético, con fuertes intereses económicos. Su presidenta busca una relación profesional con el consejo y sueña con fijar 'objetivos a medio plazo' que la urgencia de la operación no le permite abordar de forma calmada

Maite Costa llegó a la presidencia de la CNE el pasado 1 de junio. Tres meses después, esta economista y ex diputada por el PSC-PSOE en la última legislatura, tenía encima de la mesa una polémica opa: la de Gas Natural sobre Endesa. Por el momento, la Comisión ha autorizado la operación, con 10 condiciones, a través de la llamada función 14 (la que le da potestad para evaluar operaciones que pongan en riesgo las inversiones en distribución) y ya trabaja sobre la función 15, con un informe sobre los efectos de la opa en el libre mercado, que remitirá al Servicio de la Competencia (SDC).

La opa de Gas Natural le ha obligado a un aterrizaje forzoso en la CNE. ¿Cuáles han sido los momentos más complicados en lo que va de proceso?

Es verdad que comenzar con una opa no es el inicio más sencillo, pues hace falta tiempo para conocer y gestionar la institución e iniciar las relaciones con las empresas. La operación nos ha obligado a llevar una cierta vida monacal y a posponer las reuniones que teníamos previstas con las empresas. Hemos tenido que hacer un esfuerzo importante y mantener una disciplina dura en el trabajo. Sería absurdo que yo negara que es un esfuerzo añadido en horas de trabajo y en afrontar una cuestión que llama la atención de los medios de comunicación de una manera muy singular. No es el mundo más cómodo para trabajar.

¿Qué tal con el consejo?

He tenido la enorme suerte de que, con independencia de las diferentes visiones que sobre la cuestión tienen los consejeros, yo mantenía muy buenas relaciones con cada uno de ellos y esto ha ayudado mucho a que las diferentes opiniones hayan podido ser puestas sobre la mesa con comodidad y sin crear ninguna situación de recelo o de tensión. Hay que agradecer al ponente Sebastiá Ruscalleda que no haya ejercido ningún tipo de condicionante sobre el trabajo de los servicios técnicos. A diferencia de otras ocasiones, la casa ha trabajado de forma cómoda con una relación muy profesional.

Entre las 10 condiciones que la CNE ha impuesto a Gas Natural, algunas son obligaciones legales que ya existen. ¿No ha sido como imponer que se debe conducir por la derecha?

Yo creo recordar que esto se refería a los compromisos de inversión en distribución de gas y electricidad y la obligación de informar a las comunidades autónomas. Cuando las empresas presentan planes de inversión a las comunidades autónomas, lo hacen voluntariamente, pues no existe ninguna norma que las obligue a ello. Por otro lado, nunca había habido una propuesta de compromisos desde la CNE para involucrar a las comunidades autónomas. Esta ha sido la primera vez y hemos podido hacerlo porque la función 14 nos permite ir más allá de lo que son estrictamente nuestras competencias sobre la regulación del sector.

¿Por qué las inversiones en distribución se mantienen en secreto?

Porque forman parte de los planes estratégicos de las empresas. Las cifras de inversión en distribución no están sometidas a un proceso de planificación de obligado cumplimiento, sino que forman parte de las decisiones de las empresas. Uno de los cálculos que hemos hecho es ver si la operación permite cumplir esas inversiones.

¿Por qué el ratio de deuda sobre Ebitda 5,25 que se permite a Gas Natural ha sido tan generoso? ¿Qué criterios se han seguido?

Los bancarios. Hemos seguido los criterios que hubiese impuesto el sector financiero a una empresa con una estructura de activo y pasivo igual a la que resulta del nuevo grupo. Se ha calculado estrictamente. También hemos tenido en cuenta las inversiones y las desinversiones de 8.200 millones exigidas.

Si Gas Natural sube el precio de la opa, ¿deberá volver a pedir la autorización de la CNE?

Dependerá de si se altera el ratio que hemos impuesto de deuda financiera neta sobre Ebitda. Se trata de una operación con estas condiciones y éstas no se pueden alterar, sobre todo, las que están cuantificadas que, obviamente, tienen una única lectura.

¿Lo tendría que reclamar la CNE, en ese caso?

Tendría que presentarlo la propia Gas Natural.

El solapamiento de las redes de distribución de gas y electricidad en todo el territorio es uno de los efectos de la operación que más preocupa a Economía, según se desprende del informe remitido al Tribunal de la Competencia, en el que ha colaborado la CNE.

El informe del Servicio de la Competencia lleva una parte muy importante que hemos hecho aquí, mediante un procedimiento interno. Tenemos tres funciones la 14, el informe que se hace para el SDC y la función 15. Lo que nosotros hicimos para ese informe fue responder a una serie de cuestiones que en su momento nos planteó el Servicio y que quedan recogidas en el informe.

¿Cómo se puede solucionar esa duplicidad de las redes?

Es una cuestión que se va a tener que analizar en la 15, pues con la 14 se trataba de evitar transferencias de renta de las actividades reguladas a las liberalizadas y eso se consigue con la separación jurídica de la distribución del gas y la electricidad. Pero nosotros hemos ido más allá de lo que sería la transposición de las directivas europeas y hemos incorporado otra exigencia: la separación funcional, para que unas y otras empresas no compartan directivos.

¿Qué finalidad tiene?

Esto permite saber claramente cuáles son las rentas que se generan en cada actividad. Esta interpretación, que ha sido compartida por la mayoría de los consejeros, evitará soluciones oportunistas en beneficio de las actividades liberalizadas. Igualmente, la posibilidad de que haya conductas oportunistas fomentando las inversiones en una u otra red quedan contrarrestadas con la exigencia de detallar el plan de inversiones por zonas.

¿Con la separación jurídica y funcional se resuelve, realmente, el problema?

Se resuelve el problema para la función 14 riesgos financieros de la operación.

¿Y para la función 15?

Estamos empezando a estudiarlo y habremos de evaluar si existen problemas que pueden afectar a la competencia. En este momento, de la misma manera que he guardado absoluta prudencia y respeto para los trabajos de la casa, no sería de sentido común que expresara mi opinión, porque mi opinión individualmente no tiene interés.

¿Se puede deducir la posición de la CNE de las informaciones que ya ha remitido a Competencia?

Es un análisis de naturaleza muy técnica y, en todo caso, es un informe interno de la Administración y la lectura que importa es la que se deriva del informe completo del SDC. No tiene excesivo interés desagregar los diferentes documentos que ha utilizado el Servicio, entre ellos, el nuestro.

¿De qué plazo dispone la Comisión para entregar el análisis de la 15 al Ministerio de Economía?

Como no hay un periodo reglamentado, que sí tiene el TDC, yo supongo que tendremos 30 días. Lo hemos reclamado pero todavía no nos ha llegado la respuesta. Quiero pensar que no es un horizonte temporal corto, pues nos agobiaría mucho, ya que tenemos que evaluar una serie de cuestionarios que habíamos enviado a un conjunto de empresas e instituciones afectadas o interesadas por los cambios que se derivan de la operación.

Ha insistido mucho en que la CNE no ha tenido en cuenta el acuerdo entre Gas Natural e Iberdrola para la futura venta de activos de Endesa.

Así es, y desde el punto de vista del regulador, de la responsabilidad y el respeto de la Comisión, yo no puedo dar ninguna opinión sobre este acuerdo. No lo hemos tenido en cuenta.

Pero sí se ha tenido en cuenta respecto a la desinversión de 8.200 millones que se exige a Gas Natural. En este punto sorprende que no se haya puesto un plazo para las desinversiones, tal como han criticado los consejeros discrepantes.

El plazo será el plazo de todo el proceso, que está establecido en las propias condiciones de la oferta y habrá de ser de tal manera que no comprometa las condiciones. La Comisión conoce las condiciones de la oferta de la empresa y ésta debe atenerse al contenido de las mismas: de los planes y de los tiempos que conoce la Comisión.

¿Usted cree que la opa puede ser un marco para abordar las reformas del sector que están paralizadas?

Si en ese sentido se pronuncia el TDC y también la Comisión, será en ese sentido; si se pronuncia de forma diferente, ya no se ratificarían esas hipótesis. Parece poco plausible considerar que el informe del tribunal o el nuestro pueda distanciarse mucho de lo que ya ha manifestado el Servicio y es público. Por el momento, la naturaleza de las deliberaciones y el procedimiento de las dos instituciones determinarán la resolución de los acuerdos finales. Pero no se puede aventurar nada pues sería tomar posiciones respecto a las hipotéticas reflexiones y propuestas que los servicios y los consejeros puedan considerar.

El Ministerio de Industria les pidió en julio un informe sobre el Libro Blanco.

Sí, tenemos que informar sobre el Libro Blanco. Ya he hablado de este tema con su director, Ignacio Pérez Arriaga. Tenemos que reiniciar las reuniones que se paralizaron por la opa y trabajar para informar al ministerio. Va a llevar mucho trabajo, aunque, a lo mejor, menos que lo que creíamos en el mes de julio.

¿Trabajan también en una nueva metodología de tarifas?

No. Estamos trabajando muy a fondo en un modelo para la remuneración de la distribución eléctrica. Hasta ahora era una función agregada, mejorable en términos de eficiencia, de justicia de la remuneración de la distribución y de la transparencia. La dirección de electricidad de la Comisión ha construido un modelo de retribución en el que se atiende a través de las variables la retribución individualizada, al igual que en el gas. Son además variables en las que se activan las diferencias territoriales. Creo que este es un paso en la metodología muy importante.

¿Cuándo se podría aprobar esta nueva metodología?

Aún se está reclamando información al sector eléctrico y, en función de toda la información, se podría entregar al Ministerio de Industria en enero o, quizás, antes. Después, el ministerio dirá si procede o no procede.

¿La Comisión de la Energía aspira a tener más competencias?

Aspiramos a una lectura más amplia de lo que son nuestras competencias para informar al Gobierno. Que no sólo informemos de órdenes ministeriales y reales decretos, sino también de proyectos de ley. La normativa que regula esta función informativa había sido leída hasta ahora de forma restrictiva. Pero entiendo que podemos reforzar el papel de la Comisión de la Energía, en el bien entendido de que es un órgano regulador independiente y no tiene por qué introducir ningún tipo de complejidad añadida en la gobernación del país.

'Quiero una CNE a velocidad de crucero'

'La CNE tiene que trabajar con objetivos a medio plazo', asegura su presidenta, Maite Costa. Aunque la opa de Gas Natural 'es un expediente relevante, en tanto en cuanto puede introducir cambios sustanciales en el mercado', a Costa le 'gusta más pensar en la Comisión con su velocidad de crucero', lejos de una situación permanente de expedientes.En este sentido prefiere 'una percepción calmada con debates sobre la regulación del sector y reuniones con las empresas'. Algunas van a iniciarse en breve, según su presidenta. Otro proyecto que tiene en marcha es 'abrir el espacio de la institución para organizar debates y conferencias, una o dos veces al mes'. Los primeros se harán en diciembre con temas no relacionados con la opa.Asimismo, añade, 'vamos a firmar convenios con universidades especializadas que tienen un know how muy útil para la Comisión'. Los consejeros Carmen Fernández Rozado y Luis Albentosa han asumido esta actividad.Otro aspecto que le gusta destacar es el apoyo a la formación del personal, de tercer ciclo o máster, tanto en España como en el extranjero. Maite Costa quiere que se subraye su objetivo de reforzar la presencia de la Comisión en el CER, que es el comité de los órganos reguladores europeos, en el que está el consejero José Sierra, y en el Ergeg, que es la comisión no ejecutiva que sirve de plataforma o de órgano de asesoramiento a la Comisión.

'El proceso empieza realmente ahora'

¿Cree que la opa de Gas Natural se prolongará durante mucho tiempo?Se trata de un proceso tremendamente largo, que acabaría con la decisión de los accionistas de vender o no vender. Ha habido una gran confusión sobre las funciones de la CNE y sobre el trabajo del Servicio de la Competencia. Pero, en realidad, el procedimiento empieza ahora, con el análisis de la operación desde el punto de vista de la competencia y la concentración del mercado.¿Ha recibido presiones desde el Gobierno o las empresas?No. Las empresas han sido enormemente razonables. Antes de la opa teníamos previstas reuniones con todas las del sector, habíamos iniciado un proceso de apertura, que habría ido más rápido de no haber sido por el expediente y hubiera permitido incorporar unas dinámicas de trabajo.¿Qué más asuntos han quedado paralizados con la irrupción de la opa? En el inicio de una tarea te gusta introducir todos aquellos cambios en aspectos ligados a tu manera de ver cómo debe funcionar la institución e infundir un poco de entusiasmo. Yo he tenido que contener todas estas ideas, pararlas y esperar.¿Cree que la opa pone a prueba las instituciones, como dijo Manuel Pizarro?No me corresponde hacer ningún comentario. El trabajo que vamos a hacer se verá a lo largo del tiempo.