La reforma de la Seguridad Social

Tras casi dos años de análisis sobre cómo están el encofrado financiero de la Seguridad Social y la solidez de sus materiales, el Gobierno ha adelantado sus primeras propuestas de reforma para abrir finalmente la negociación con sindicatos y patronal. Los mensajes duros de reforma lanzados en los primeros meses por la nueva administración de la Seguridad Social se han convertido ahora en propuestas mucho más ligeras, que se neutralizan entre sí y que, en el mejor de los casos, apenas tendrán efectos desde el punto de vista financiero.

Trabajo entregó a los agentes sociales en julio un escenario financiero del sistema de pensiones que aseguraba que las vacas gordas se acabarían en 2015 (primeros déficit ordinarios) y que en 2020 las flacas habrían consumido incluso los ahorros del fondo de reserva, pese a que en 2015 no debería tener menos de 100.000 millones de euros de los de hoy. A juzgar por este escenario, la reforma no debería demorarse para que su maduración surtiese efecto en diez años.

Pero nada de lo expresado en la propuesta explicada por los gestores de la Seguridad Social tiene el empaque suficiente como para elevar la contributividad o recortar el gasto y acercarse al principio que debe guiar la reforma: estrechar lo máximo posible la relación entre la cotización como activo y la prestación como pasivo.

De hecho, algunas medidas parecen indicar que se persigue lo contrario. Se mantiene el estímulo a la prejubilación, verdadera sangría del actual sistema, aunque se tapan algunas vías de fraude legalizado tanto en el retiro parcial como en la incapacidad. Y es cierto que se trata de compensar con un premio a la prolongación de la vida laboral, si bien en absoluto proporcional al castigo del retiro anticipado.