Reglas de juego para los fondos
Dos años ha pasado el sector de las instituciones de inversión colectiva con una incómoda paradoja regulando su actividad: una Ley de Fondos moderna y un reglamento del año 1984. La tramitación de este reglamento se ha hecho interminable, primero, por el cambio de Gobierno, segundo, por el relevo en el Tesoro y, tercero, por un largo periodo de audiencia pública y de consulta al sector. Las dos primeras razones son externas al sector. La tercera, no tiene por qué haber sido negativa. Durante ese periodo no se ha caído en la inseguridad jurídica gracias a la prudencia de las gestoras, que no han tratado de forzar la normativa, y también al sentido común de la CNMV, que ha hecho llevadero en la medida de lo posible esta especie de limbo normativo.
El resultado ha sido un texto que actualiza la normativa a la realidad de los mercados, pero que también combina con acierto la protección del inversor con la flexibilidad necesaria en un mercado cada vez menos español y más europeo. El enfoque adoptado a la hora de permitir la inversión de particulares en hedge funds, sólo a través de fondos de fondos para diversificar riesgos, es un buen ejemplo del espíritu de esta norma. Porque permite al ahorrador acceder a un nuevo estilo de inversión, abre la puerta a nuevas oportunidades para la propia industria y, paralelamente, mantiene las necesarias salvaguardas para el minoritario.
Es verdad que todavía queda un mundo para lograr una industria de fondos en la que las rentabilidades -y las comisiones- sean un elemento a tener en cuenta por el inversor más importante que las meras campañas para captar clientes. Al menos el Gobierno ha hecho parte del trabajo. Deberá ahora completarlo con la normativa sobre comercialización de productos financieros.
La acogida en el sector a este reglamento ha sido positiva. Lo ha sido hasta más allá de una lógica impaciencia por disponer de un marco de actuación flexible y moderno. Prácticamente todos los retoques al texto que, a lo largo de los últimos meses, han sido sugeridos por la industria terminarán en el Boletín Oficial del Estado. Es de agradecer que el Gobierno escuche a los sectores que va a regular. Pero una normativa eficiente y eficaz siempre termina pisando algún callo en el sector al que afecta. Esta vez parece que no ha sido así. Hasta el punto de que, si hay que poner algún pero a este reglamento, quizá sea precisamente su excesiva cercanía a la industria.
Valga como ejemplo el hecho de que las gestoras podrán cobrar comisiones por resultados en fondos que pierden dinero, cuando hayan pasado tres años sobre el nivel a partir del cual el valor liquidativo del fondo empezó a bajar. En realidad este detalle no tiene un gran impacto sobre el sector ni para los inversores. Pero cuando regula también significa enviar mensajes. Y probablemente el Gobierno, en aras de la muy loable intención de fomentar la competitividad, ha perdido la opción de decirles a las compañías de fondos que cobrar por el éxito de una gestión a un inversor que pierde dinero no es una práctica del todo justa o, por lo menos, no es lógica.