Zapatero define los límites al Estatuto
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dejó claro ayer, ante el Congreso de los Diputados en pleno, que quiere que la reforma del Estatuto catalán salga adelante porque considera que será bueno para Cataluña y para el conjunto del país. Y así debe ser. Sin embargo, marcó unos límites perfectamente definidos sobre qué es y qué no es negociable en materia estatutaria. 'Sí a la tramitación del Estatuto', vino a decir, pero sólo si se ajusta plenamente a lo establecido por la Constitución.
Zapatero asumió personalmente y con nitidez meridiana el compromiso de que la reforma que apruebe el Parlamento se habrá de atener a los tres principios básicos que rigen la convivencia entre todos los españoles: la libertad (incluida la de 'vivir su identidad o sus identidades sin imposiciones'), la igualdad y la solidaridad, 'preservando la cohesión social'.
Al referirse a la 'identidad nacional' de Cataluña expresó una de las posibles fórmulas alternativas al punto uno del artículo primero del proyecto de reforma del Estatuto, que establece que 'Cataluña es una nación'. Y consideró que dicha identidad es compatible con la Constitución. Sin embargo, dejó claro que hay una serie de aspectos que exceden el marco constitucional en materias esenciales como las competencias exclusivas o la financiación autonómica y que, por tanto, deberán ser modificados.
Frente al exceso de centralismo característico de la Administración española en el pasado, la propuesta de reforma del Estatuto 'incurre en excesos en la dirección contraria', conforme al análisis del presidente. Y lo hace intentando transferir a la comunidad autónoma competencias que, en sus palabras, 'la Constitución reserva en exclusiva al Estado' y, por ello, 'son indisponibles por el legislador estatutario'. Entre esas líneas no traspasables que marcó ayer Zapatero están la solidaridad interterritorial, las medidas para garantizar la unidad de mercado, la gestión de las grandes infraestructuras o la de la Seguridad Social.
En cuanto a la propuesta de modificar leyes orgánicas, es indiscutible que los Estatutos deben respetar las leyes del Estado, de igual manera que las leyes del Estado deben respetar lo que la Constitución reserva a los Estatutos. Un mensaje dirigido muy especialmente a la propuesta catalana relativa al Poder Judicial.
Sobre la propuesta de financiación, ha sido palmaria la advertencia de que cualquier modificación en esta materia debe ser conciliable con la Constitución. En esencia, las comunidades podrán tener más responsabilidad y capacidad normativa en materia fiscal, pero el Estado ha de tener impuestos propios (en especial los que garantizan la unidad de mercado) y un sistema propio de recaudación. Además, la solidaridad entre regiones debe garantizar un nivel básico de servicios en todos los territorios, con independencia de su capacidad fiscal. Es decir, parece patente que el Estado puede aumentar el porcentaje de cesión en el IRPF, pero de ninguna manera renunciará al de sociedades.
En este, como en otros muchos puntos, hay margen sobrado para negociar. Lo importante ayer era marcar tanto las reglas de juego para la negociación como las líneas que no se podrán superar. Y eso, pese a quien pese, lo hizo ayer Zapatero.