Estatut de Cataluña

El PSOE rechaza que la Generalitat gestione los impuestos de titularidad estatal

No hay ningún Estado federal en el que el poder central pierda por completo el control de la gestión y recaudación de sus propios impuestos. Desde esta premisa, el PSOE acordó ayer enmendar a fondo la propuesta de Estatuto aprobada por el Parlamento catalán, que ayer fue objeto de una viva discusión en la ejecutiva federal de este partido.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en la reunión que todas las enmiendas al Estatuto utilizarán como 'base doctrinal' el informe que cuatro catedráticos de Derecho Constitucional han elaborado para el partido. Los cambios podrían afectar a cerca de 60 artículos. En este informe se plantea una profunda reforma del modelo de financiación propuesto por la Generalitat, se recortan las competencias a las que aspira el Gobierno autonómico y se restablece la unidad de mercado, en el marco de un amplio abanico de cambios orientados a insertar la iniciativa aprobada en Cataluña en la Constitución.

El PSOE hizo suyo ayer este informe, en el que se rechaza de forma expresa la 'monopolización de la gestión de todos los impuestos de titularidad estatal' por parte de Cataluña. Los dos más importantes son el IVA y el Impuesto de Sociedades. En el caso del Impuesto sobre la Renta, las comunidades tienen ya transferido un tramo del 33%.

El Estatuto traslada a la Generalitat 'capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña', competencia que incluiría la 'participación en la fijación del tipo impositivo, las exenciones, las reducciones y las bonificaciones sobre la base imponible y las deducciones sobre la cuota'. El texto llegado al Congreso mantiene también que corresponde a la Generalitat 'la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos estatales soportados en Cataluña'. El artículo 205 deja todas estas funciones en manos de la nueva Agencia Tributaria que se crearía en esta comunidad.

'No es constitucional diseñar en el Estatuto un sistema acabado de financiación'

La ejecutiva socialista asumió ayer por unanimidad que, dado que el sistema de financiación afecta a todas las comunidades autónomas de régimen común, es 'absolutamente necesario' que éste se determine previamente entre el Estado y los distintos territorios. 'Desde un punto de vista formal, aunque resulte posible incorporar algunos principios generales relativos a la financiación de la comunidad autónoma, no es constitucionalmente aceptable diseñar en el Estatuto un sistema acabado de financiación con pretensión de eficacia normativa directa', se afirma en el informe de los expertos cuyas tesis defenderá Zapatero el 2 de noviembre en el Congreso durante el debate de toma en consideración del Estatuto.

Unidad de mercado garantizada

El presidente acentuará también en este debate su firme disposición a defender la unidad de mercado, menoscabada por la reforma llegada de Cataluña en varios de sus artículos. Los expertos que han trabajado para el PSOE señalan que incluso en Estados fuertemente descentralizados, como es el caso de Suiza, en las materias de naturaleza económica se atribuyen a la Federación competencias esenciales de carácter legislativo que incluyen las correspondientes funciones ejecutivas. 'Hay que tener en cuenta, además, que el mercado único de la Unión Europea supone un límite adicional a todos aquellos obstáculos que se puedan generar, a nivel estatal o autonómico, a la unidad de mercado', añaden los expertos en su informe.

La unidad de mercado es un límite no sólo al ejercicio de las competencias, sino también a la atribución de competencias para las comunidades. Desde esa perspectiva, algunos de los preceptos del Estatuto en materia económica 'sobrepasan los límites constitucionales que se derivan de este principio', asegura el informe de los catedráticos.

El largo listado de competencias exclusivas y compartidas que reivindica la Generalitat será también retocado a fondo en el proceso de enmiendas. Al menos, esta es la intención del PSOE. Entre ellas figuran las competencias relativas a la Seguridad Social, dada la firme intención del Gobierno de mantener la unidad de gestión.

Derechos históricos, sólo para Navarra y País Vasco

El PSOE tampoco pasará por alto en el trámite que aguarda al Estatuto catalán en el Congreso el capítulo referido a los derechos históricos, pues los expertos que han trabajado para el partido coinciden en que el autogobierno de Cataluña tiene que fundamentarse directamente en la Constitución y en el propio Estatuto, ya que 'no es posible identificar una fuente de legitimidad alternativa o previa a la Constitución'.

El dictamen de los catedráticos recuerda que la titularidad de los derechos históricos 'se predica únicamente de Navarra y los territorios históricos del País Vasco', en coincidencia con el criterio ya expuesto por el Consejo Consultivo de Cataluña.

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, anunció ayer que su partido enmendará el artículo 1 del Estatuto, que define a Cataluña como nación, y buscará una fórmula para 'hacer compatible la fuerte identidad nacional de Cataluña con la Constitución, que define a España como una nación indisoluble'.

No obstante, el dictamen de los expertos elaborado para el PSOE elude pronunciarse sobre si es compatible el artículo 2 de la Constitución con que Cataluña se defina como nación. Dicho término, dicen los catedráticos, 'tiene una dimensión teorética, que está condicionada de manera decisiva por el debate político, ideológico y cultural'.

El dictamen anticipa que los socialistas también intentarán enmendar en el Congreso de los Diputados los aspectos del Estatuto referidos al uso de la lengua. En concreto, mantiene que el conocimiento del catalán por parte de jueces, magistrados, fiscales y personal al servicio de la Administración de Justicia no puede incluirse en el Estatuto por tratarse de una materia reservada por la Constitución a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Tampoco podrá exigirse el conocimiento del catalán a los notarios y registradores ejercientes en Cataluña, ya que su estatuto jurídico es materia reservada a la competencia exclusiva del Estado.

El PSOE también se opondrá a que la Generalitat pueda nombrar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a los presidentes de sus salas, ya que se trata de competencias reguladas por la Ley del Poder Judicial.

Aluvión de críticas en Ferraz

Zapatero pudo comprobar ayer el sentir mayoritario de la Ejecutiva federal del PSOE en contra del Estatuto de Cataluña en su redacción actual. Al margen de la estridencia con la que algunos dirigentes socialistas se suelen pronunciar contra el texto llegado del Parlamento de Cataluña, ayer se constató también que son mayoría en la dirección del partido los que observan profundos inconvenientes en el texto actual, que ven claramente inconstitucional, todo un aviso para el PSC y para sus socios del tripartito.

El presidente de Esquerra Republicana, Josep Lluís Carod-Rovira, advirtió ayer al PSOE que no puede 'atrincherarse en posiciones cerradas' sobre el proyecto de Estatuto. En su opinión, sólo hay dos acuerdos posibles. 'O está con el PP en la línea de la involución o con los partidos democráticos de la periferia en favor de avanzar dentro de la sensatez', subrayó.

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, afirmó en declaraciones a la Ser que 'si hay discusión de concepto, defenderemos con uñas y dientes, educadamente, lo que aprobó Cataluña'. Maragall anunció que cambiará su Gobierno después del debate del 2 de noviembre.