Editorial

Estatuto y responsabilidad

La Mesa del Congreso ha tramitado la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña que aprobó el Parlamento autonómico por consenso de todas las fuerzas políticas a excepción del PP. Un proyecto polémico que el presidente del Gobierno se comprometió inicialmente a apoyar pero que, según aclaró después, será objeto de una profunda revisión en su trámite parlamentario para adecuarlo a la Constitución y al interés general. Esa complicada tarea le corresponderá a una comisión mixta entre los Parlamentos central y catalán. Desde el PSOE ya se ha advertido que en sus términos actuales el Estatuto no sería asumible. Pero, dado que parece improbable un entendimiento con el PP en este terreno, el partido en el poder sólo podrá enmendar el proyecto de acuerdo con sus socios catalanes, que a su vez avisan de que no aceptarán desnaturalizar su proyecto inicial.

Lo cierto es que las modificaciones que requiere el texto son sustanciales y afectan a gran parte de su articulado, incluido el punto clave -requisito para lograr el apoyo de CiU-, que es el modelo de financiación. Cataluña aspira a un sistema similar al foral vasco y navarro, en el que la Generalitat administra todos los impuestos y devuelve al Estado una parte, incluida una contribución a la 'solidaridad' regional con varios condicionantes. Ese marco bilateral de relaciones financieras rompe con el Estado autonómico desarrollado tras la Constitución de 1978 e invade competencias exclusivas del Estado en materia fiscal y otras muchas. No se entendería que Cataluña tenga capacidad de decidir si es solidaria o no, hasta dónde y con quién mientras el resto de regiones se atiene al marco multilateral de financiación autonómica.

El proyecto de Estatuto amenaza además la unidad del mercado español, al limitar la eficacia de normas básicas estatales y al atribuir a la Generalitat competencias de todo tipo con un detalle que, como bien ha señalado el vicepresidente Pedro Solbes, es más propio de un reglamento -ni siquiera una ley- que de un Estatuto. La Generalitat se arroga atribuciones en cuestiones de ámbito estatal, hasta el extremo de exigir una especie de derecho de veto en políticas generales como la de infraestructuras y reservarse asientos en organismos como el Banco de España, la CNMV o RTVE. Unos privilegios que en buena lógica reclamarían después las otras 16 autonomías. Para el mundo económico ha resultado tranquilizador que una autoridad tan respetada como Solbes haya garantizado que se salvará la unidad del mercado y de la Hacienda central.

En general el proyecto destila intervencionismo, resulta en exceso prolijo e incurre en la contradicción de recortar el papel del Estado en Cataluña a la vez que reclama más poder catalán en Madrid. Una relación con el Estado tan privilegiada resulta forzosamente discriminatoria hacia terceros. Las fuerzas políticas deben hacer un esfuerzo para encontrar un texto asumible por todos, no sólo ajustado a la Constitución, lo que debería ser obvio, sino enfocado además al interés general y compatible con una economía liberalizada. Debe quedar claro que habrá cambios sustanciales en el Estatuto o no habrá Estatuto. Las partes tendrán que desplegar su capacidad negociadora, lo que implica flexibilidad, pero también -sobre todo- responsabilidad.