Un debate necesario
El borrador de Ley de Presupuestos para 2006 es coherente con el tipo de política económica que cabe esperar de un Gobierno progresista, con significativos incrementos en las partidas de gasto relativas a la formación de capital humano, así como en el grupo de gastos de índole social. El escenario que propone apunta además en una dirección económicamente correcta, con ciertas dosis de rigor, que apuntan a un ligero superávit del conjunto de Administraciones que se espera pueda mantenerse los próximos tres años, de acuerdo con el Plan de Estabilidad Presupuestaria adjunto.
Se basa en un escenario algo optimista en relación con el precio medio del barril de petróleo y con la evolución del sector exterior, cuya contribución negativa al crecimiento se reduciría significativamente por la recuperación de nuestros principales clientes, Francia y Alemania. El escenario es, sin embargo, globalmente aceptable, y el crecimiento previsto del PIB, 3,3%, y del empleo, 2,7%, parecen razonables con la información actual.
A pesar de presentar información limitada, por cuanto que aún se han difundido únicamente cifras agregadas de ingresos y gastos, el portavoz económico de la oposición descalificó inmediatamente el borrador de ley sin aportar justificación específica alguna para tan negativa evaluación. Actuaciones de este tipo son lamentables, por cuanto que hurtan a la sociedad española de un necesario debate acerca del instrumento económico de mayor incidencia social. Facilita además cierta laxitud del gobernante, que puede no sentir la necesidad de ganar credibilidad social a través de la discusión rigurosa de tan importante proyecto.
El proyecto es coherente con el tipo de política económica que cabe esperar de un Gobierno progresista
Ello puede explicar que se considere políticamente aceptable discutir sobre la potencial efectividad de un determinado gasto en educación o en I+D, aunque el rigor económico requeriría conocer el destino final de las cuantías asignadas, sin cuya información no podemos sino especular. En realidad, sería deseable que el contribuyente dispusiera de programas de actuación de los distintos ministerios, estableciendo objetivos y prioridades, con los horizontes de realización y presupuestos correspondientes. Una determinada cifra de gasto podría entonces asociarse a una referencia concreta, haciendo posible un saludable debate acerca de la oportunidad en términos de coste/beneficio económico y social de la actuación presupuestaria del Gobierno.
Podría debatirse si un crecimiento del 3,3% no debería aprovecharse para una mayor restricción del gasto, con un mayor saneamiento financiero y posible reducción del endeudamiento, de acuerdo con el tan debatido concepto de un déficit cero, en promedio, a lo largo del ciclo económico. Pero, nuevamente, es muy difícil plantear tal debate sin hacer referencia a un modelo de crecimiento a largo plazo que establezca unos determinados objetivos cuyo logro pudiera justificar plenamente una cierta expansión del gasto.
Sería asimismo interesante conocer cada año la visión ministerial sobre escenarios macroeconómicos alternativos, más y menos positivos, y la verosimilitud asignada a cada uno de ellos, lo que permitiría una valoración más fundamentada del Presupuesto. Pero es claro que el nivel del debate político no recaba del Gobierno un esfuerzo mayor del que tradicionalmente se ha hecho presentando las principales cifras agregadas del Presupuesto.
Y sin embargo, hay importantes cuestiones que preocupan mucho a los ciudadanos: ¿Cuál es el futuro de las pensiones en términos de viabilidad, políticas de jubilación, nivel de prestaciones a corto y medio plazo?, ¿es adecuado a nuestras necesidades un gasto en defensa todavía superior al agregado de gastos en I+D y educación?, ¿es la vivienda un servicio público cuya calidad debe mejorar el Gobierno?, ¿debe subvencionar el Gobierno específicamente el acceso a la primera vivienda?, ¿debe considerarse un gasto social la transferencia de 1.700 millones de euros acordada con las comunidades autónomas para financiar el déficit presupuestario autonómico en sanidad?
Una sociedad democrática moderna precisa de gobernantes que informen con rigor sobre estas cuestiones. Confiemos en que la ausencia de presión por parte de sus interlocutores políticos no impida al Gobierno tomar la iniciativa en establecer este diálogo social.