Maragall y Mas discrepan sobre la bilateralidad de los impuestos cedidos
Los partidos políticos catalanes siguen su escenografía en las negociaciones para lograr un consenso en el texto del Estatuto catalán. Si bien la semana pasada parecía que mejoraba el clima político entre el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el líder de la oposición y presidente de CiU, Artur Mas, las posiciones han vuelto a enrocarse este fin de semana, tras la última propuesta del tripartito.
La novedad a última hora de ayer pasaba por la posible convocatoria de una reunión entre el tripartito y CiU mañana a instancias del propio Pasqual Maragall, antes del inicio del pleno en el Parlamento para debatir el Estatuto. Fuentes cercanas a la negociación comentaron que aún existe una 'clara voluntad' de CiU de llegar a un pacto final, si bien reconocieron que podría llegarse al último día de la votación en el Parlamento autonómico.
El PSC se ha acercado a las tesis de CiU al plantear una comisión mixta entre el Estado y la Generalitat que fije la colaboración con la Agencia Tributaria catalana. Sin embargo, la última propuesta elaborada por el consejero de Economía, Antoni Castells, indica que todos los tributos estatales en Cataluña son considerados como cedidos, situación que no acepta CiU al considerar que la bilateralidad que pide queda anulada porque el PSC se supedita al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Otra de las discrepancias se centra en la autonomía fiscal. El principal partido de la oposición propone la plena capacidad normativa para fijar tipos impositivos, mientras que la propuesta que el PSC defiende la potestad para la Generalitat, 'sin perjuicio de las competencias correspondientes a las Cortes Generales'.
Por otra parte, CiU calcula la cifra inicial de la cuota de solidaridad (cuota de retorno para CiU) que Cataluña aportará al Estado con la media entre el coeficiente de población y el esfuerzo fiscal, mientras que el PSC señala que se tendrá en cuenta los coeficientes de población y el esfuerzo fiscal. Además, los socialistas catalanes supeditan este último concepto a la recaudación del IRPF en la Comunidad, algo que los convergentes interpretan como un protagonismo elevado del ministerio de Hacienda.