Los retos del automóvil en España

A partir de los años cincuenta España empieza a progresar en su industrialización, que afectará prácticamente a todos los sectores que componen la economía del país, incluido el de automoción, que poco a poco se fue convirtiendo en el sector industrial más importante y uno de los más dinámicos. Unos datos relativos a la producción española de automóviles servirán para plasmar el desarrollo del que hablamos: en 1960 se produjeron 40.000 vehículos, y en el año 2004 se fabricaron más tres millones. Los datos reflejan perfectamente que 40 años han sido suficientes para que la industria automovilística española alcanzara las cotas de sus competidores europeos y para superar a la mayoría de ellos. De este modo España se sitúa en el tercer lugar europeo y séptimo mundial de volumen de fabricación de coches

En este momento, España cuenta con un sector de la automoción enormemente desarrollado y en primera fila mundial en cuanto a niveles y diversidad de producción. La positiva realidad actual se ha ido originando a través de un complejo conjunto de esfuerzos y decisiones acertadas que han permitido, sobretodo a partir de la década de los ochenta, aprovechar al máximo las ventajas comparativas de nuestro país y el impulso generado por la integración europea y mundial de nuestra economía.

A pesar de esta realidad, aparecen en el horizonte nuevos retos y planteamientos, como la reciente incorporación de los países del Este a la Unión Europea. Estos países tienen unos costes de la mano de obra más baratos, contra los que es difícil competir. Sabemos que la batalla de los costes laborales la tenemos perdida y que nuestra baza es disponer de una flexibilidad laboral e industrial que nos permita adaptarnos a las necesidades del mercado. Es básico ajustar la producción a la capacidad implantada para que, en un sector con unos costes fijos elevados, no lleguemos a una situación crítica de rentabilidad.

Pero al mismo tiempo, también contamos con una serie de ventajas que conviene recordar:

l Las fábricas de vehículos españolas tienen un buen nivel de productividad. La mayor parte de ellas están situadas en los primeros puestos de los rankings europeos e internacionales.

l La apuesta de los grupos automovilísticos instalados en España es contundente: en los últimos cinco años la inversión ha alcanzado 8.500 millones de euros, principalmente para modernización y adaptación de las fábricas a la producción de nuevos modelos.

l Gozamos de un nivel de formación y cualificación de los empleados muy bueno, con unos niveles de flexibilidad laboral que están mejorando.

l Y una paz social destacable que ha permitido ganarnos la confianza de nuestras casas matrices.

La industria del automóvil contribuye enormemente a la prosperidad del país. Este sector es una de las principales fuentes de empleo, de inversión y exportación. Además su inversión en investigación y desarrollo, así como los ingresos fiscales derivados de la propiedad y uso del vehículo, hacen que su actividad revierta muy positivamente al desarrollo de la sociedad. Pero para avanzar en éste y otros aspectos se deben tener en cuenta dos factores claves para el mantenimiento de una industria potente como la que tenemos en la actualidad: la rentabilidad y la competitividad.

La industria española está plenamente integrada en Europa y se ve afectada por el exceso de regulación, muchas veces contradictoria, que dificulta las condiciones en las que desarrollamos nuestra actividad. Mientras que los fabricantes europeos han incrementado su productividad y competencia, las condiciones en las que operan son cada vez más complicadas no sólo por las características propias del mercado, sino por el coste de hacer negocios en Europa y la creciente complejidad de regulaciones europeas que afectan al sector y que frecuentemente buscan objetivos contradictorios.

En definitiva, mientras la contribución de la industria al empleo, a la recaudación fiscal y al balance comercial del país es muy significativa, la competitividad de la industria continúa siendo frágil por el exceso de regulación normativa, la elevada presión fiscal que soporta el automóvil, las rigideces del mercado laboral y la escasa atención que en determinadas ocasiones muestran las autoridades hacia el sector.