La Administración ha adjudicado a Telefónica el 98% de sus 'telecos' concursadas en 2005
Telefónica ha conseguido la práctica totalidad de las adjudicaciones de servicios de telecos concursadas desde enero por distintas Administraciones públicas, según un informe que avala la patronal Astel. De 102,9 millones de euros adjudicados ha logrado 101,4 millones.
Entre el día 1 de enero y el 31 de agosto del presente ejercicio las distintas administraciones públicas han convocado concursos para subcontratar sus servicios de telecomunicaciones por un importe de 332,6 millones.
De esta cantidad fueron realmente adjudicados 102,9 millones, mientras que quedan pendientes 229,7 millones. En las licitaciones ya resueltas la práctica totalidad del presupuesto en juego ha caído en manos del antiguo monopolio español de telecomunicaciones. Telefónica ha conseguido el 98,6%; esto es, 101,4 millones de euros.
Estas cifras están contenidas en un informe realizado por empresas vinculadas a Astel, la patronal que agrupa a todas las compañías que operan en España en competencia con Telefónica.
Lionel Fernández, director general de Astel, se lamenta de que este 'monopolio real' de las adjudicaciones de los servicios de telecos de las administraciones públicas se produzca después de que el Gobierno aceptara incluir en las bases de los concursos una serie de condiciones que buscaban incrementar la competencia en este segmento de actividad.
Estas condiciones, entre otras, consistían en dividir en lotes los servicios licitados, ofrecer información fiable sobre el perfil histórico del consumo de telecos del organismo convocante, o establecer plazos razonables de presentación de ofertas y de implementación del nuevo servicio.
El documento citado, en el que ha tenido un protagonismo especial la filial española de la operadora británica BT, denuncia seis prácticas en la resolución de los concursos 'que dificultan la libre competencia'.
La primera es 'el abandono de la neutralidad tecnológica' ya que se 'exigen soluciones técnicas similares' a las que aplica Telefónica. La segunda, 'ausencia de información necesaria sobre el detalle de los servicios prestados por el operador dominante en el mismo momento en que se concurso'. Tercero, utilización abusiva del procedimiento de urgencia para resolver la licitación. Cuarto, 'fijación de plazos de instalación de imposible cumplimiento'. Quinto, 'establecimiento de condiciones económicas artificialmente reducidas'. Por último, 'falta de criterios uniformes que permitan evaluar las propuestas de forma objetiva'.
Los redactores del documento alertan de la 'inminencia de la adjudicación de varios concursos públicos convocados por Correos, y los Ministerios de Economía y Hacienda e Industria' con un presupuesto conjunto de 167 millones. 'De seguir la tendencia actual Telefónica seguirá prestando en el futuro los servicios objeto de estas licitaciones', sentencia el documento.
Por otra parte, la Generalitat de Catalunya ha adjudicado a Indra por 21,8 millones durante cuatro años para el control de sus infraestructuras tecnológicas.
Bajada temeraria de precios
El documento sobre licitaciones de los servicios de telecos en las administraciones públicas se detallan una serie de 'casos particulares' en los que las empresas de Astel detectan situaciones que dan ventaja a Telefónica. El concurso convocado por AENA 'acabó adjudicándose al antiguo monopolio en 18,3 millones cuando el presupuesto máximo ascendía a 36,4 millones'. La bajada en la oferta de Telefónica fue del 50%. El concurso del Ministerio de Economía y Hacienda se ha convocado por el procedimiento de urgencia con 30 días para la presentación de ofertas. Se niega la libertad tecnológica al 'exigir una solución ya implementada'. Existen unos plazos de instalación y unas condiciones económicas que 'no son razonables'. Sobre la licitación lanzada en el ámbito del Ministerio de Industria, ser asegura que se ha convocado 'por el procedimiento de urgencia'. A juicio de las empresas de Astel esta decisión supone una contradicción cuando se trata del departamento del Gobierno que tiene encomendadas las competencias para hacer efectiva la liberalización del sector.