Ley del consumidor

Mayor protección para el consumidor

Poder darse de baja de determinados servicios (como los de suministro de luz, agua, gas o telefonía) sin retrasos e impedimentos, abonar por tiempo real el precio de los aparcamientos, prohibir los redondeos al alza en el precio de productos y servicios y tratar de reducir prácticas abusivas en la compra de vivienda. æpermil;stas son las cuatro principales medidas que el Gobierno anunció ayer como parte del anteproyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios que fue presentado en Consejo de Ministros.

El texto, que deberá ser remitido al Consejo Económico y Social, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado antes de ser aprobado como proyecto de ley por el Gobierno, incluye una serie de medidas que aclaran y concretan la legislación ya existente de defensa de los consumidores.

'Proteger a los consumidores, que normalmente son la parte más débil a la hora de la realización de un contrato es el objetivo de la norma', explicó ayer la ministra de Consumo, Elena Salgado. Así, el anteproyecto equipara los requisitos que se exigen para darse de baja en servicios como los de telecomunicaciones o eletricidad, a las facilidades que existen al darse de alta. En ese sentido, el derecho del cliente a abandonar el servicio deberá quedar claramente establecido tanto en la fase de información como en la formalización del contrato.

Como consecuencia de ello, las compañías suministradoras no podrán exigir a quien quiera darse de baja ningún requisito adicional distinto de los exigidos al darse de alta. También se tipifica como cláusula abusiva la inclusión en el contrato de la renuncia al derecho a darse de baja en el servicio, en la línea de lo ya establecido de forma general por la Ley de Condiciones Generales de Contratación de 1998 y la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios de 1984.

Otra de las medidas del anteproyecto de ley prohibe los redondeos al alza en productos y servicios, como los aparcamientos o la telefonía. El texto modifica la Ley Reguladora del Contrato de Aparcamiento para obligar a estos establecimientos a cobrar por minutos (tiempo real) y no por hora o fracción. La norma afectará tanto a los aparcamientos públicos como a aquellos en los que el aparcamiento no es la actividad fundamental, como es el caso de las grandes superficies.

En el capítulo de la adquisición de vivienda, el texto incide en algunos aspectos que contempla la legislación general sobre consumo, como el calificar como práctica abusiva la imposición al comprador del pago de tasas o impuestos (como las plusvalías) que deban ser abonadas por el vendedor.

El anteproyecto también declara abusivas las penalizaciones impuestas en algunos contratos a los compradores cuando deciden no acogerse al crédito suscrito por el promotor de la vivienda.

Las medidas

Facilitar el darse de baja en servicios como el agua, el gas o la electricidad.

Eliminar el redondeo al alza en productos y servicios, como la telefonía.

Imponer las tarifas por minutos en aparcamientos.

Acabar con prácticas abusivas en la venta de viviendas.

División entre las asociaciones

Las asociaciones de consumidores recibieron ayer con satisfacción la presentación del anteproyecto elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, aunque también recalcaron que algunas de las medidas del texto ya están contempladas en la legislación general de consumo. Como ejemplo de esa diversidad de opiniones, la OCU calificó como un 'gran avance' para la defensa de los derechos de los consumidores la tipificación como cláusula abusiva del redondeo de todas las tarifas, mientras que la Federación de Consumidores y Usuarios en Acción (Facua) recordó que la medida ya está contemplada en la Ley General de Defensa de los Consumidores de 1984. Pese a ello, Facua calificó de 'éxito' la determinación del Gobierno de acabar con esta práctica. En una línea más crítica, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) aseguró que el anteproyecto no introduce ninguna modificación sustancial respecto a la protección de los consumidores. Para la Unión de Consumidores de España (UCE), sin embargo, la futura ley 'cumple las expectativas' de las asociaciones de consumo.