¡Un hilo de Ariadna, por favor!
Ante la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos, el autor advierte sobre la perniciosa existencia de autonomías de primera y de segunda y contra los que denomina 'gorrones históricos'. Al tiempo, subraya que la corresponsabilidad fiscal parece más bien irresponsabilidad fiscal
El anuncio de que el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero estaba estudiando, cara a la discusión de los Presupuestos para el año 2006, el apoyo de nuevos aliados que le permitieran aminorar su actual dependencia respecto a ERC e IU acaso les parezca a muchos lectores un hecho que poco o nada tiene que ver con la formación del nuevo Gobierno en Galicia, comunidad en la cual el PSG ha alcanzado el poder gracias a un acuerdo con el BNG. Ambas circunstancias, a las que cabría añadir lo ocurrido en Cataluña, donde el socialista Maragall gobierna con el beneplácito de ERC, sitúan en el centro de la actualidad política un hecho poco comentado pero de extraordinaria relevancia: a saber, la ausencia -acaso con la cada vez más irrelevante excepción de IU- de partidos estatales pequeños pero capaces de actuar como bisagras de las principales fuerzas políticas -PSOE y PP-. Ello obliga, como sucedió con el PSOE en 1993, con el PP en 1996 y de nuevo con el PSOE en la actual legislatura, a los partidos mayoritarios estatales a gobernar con el apoyo de unos grupos nacionalistas que, sin entrar a formar parte del Gobierno de la nación ni responsabilizarse en su gestión, se encuentran en situación de plantearle exigencias que van desde el destino de partidas presupuestarias a la invocación de capacidad de veto a ciertos proyectos de ley o el traspaso de competencias que no les atribuye la Constitución.
Consecuencia de ello ha sido que las comunidades autónomas carentes de partidos nacionalistas que puedan ejercer esa función de bisagra impura y, por ende, incapaces de arrancar concesiones al Gobierno central de turno, han quedado discriminados a la hora de obtener ya sea fondos del presupuesto nacional ya competencias, lo cual ha ahondado la perniciosa visión de que existen autonomías de primera o de segunda.
Pero el hecho es que unos partidos que muchas veces ni siquiera son mayoritarios en su autonomía -el total de sus votantes oscila, además, entre el 8% y el 10% del conjunto del país- tienen la habilidad de presentarse ante la opinión pública -especialmente en sus propios territorios- como defensores de sus 'derechos históricos' -y no de unos intereses legítimos pero discutibles- y condicionar cada vez más la política nacional.
Esta es la situación, y a la preocupación que siempre ha despertado respecto a lo que se llama la 'gobernabilidad' de España se añade su influencia en unas circunstancias en las cuales se intenta modificar -'actualizar' dicen algunos- tanto el esquema de Estado de las Autonomías establecido en la Constitución de 1978 como su sistema de financiación.
La primera de esas preocupaciones deberá salvar el obstáculo principal en los próximos meses cuando se compruebe si los partidos catalanes son capaces de proponer una reforma del vigente Estatuto que sea eso, olvidando la pretensión de dotarse de una constitución para una hipotética nación que en poco o nada respete la actual para todo el país. La segunda consiste en un sistema de financiación que evite las sempiternas demanda autonómicas de saldar recurrentes 'deudas históricas'. Según informa la prensa, el presidente ZP ha tenido la genial idea de ofrecer, de entrada, un fondo de 3.000 millones de euros para financiar los gastos sanitarios, que aportarían por mitades el Gobierno central y los autonómicos si bien, comprensivamente, el primero adelantaría los dos plazos iniciales. ¡No se puede plantear peor una negociación con unos gorrones históricos!
Ya es tarde para decirlo, pero los padres de la Constitución tuvieron la desafortunada idea de diseñar lo que se ha dado en llamar un sistema de tributos compartidos, en ocasiones calificado de 'corresponsabilidad fiscal', cuando para ser exactos deberíamos llamarlo de ' irresponsabilidad fiscal' para las comunidades autónomas. En mi opinión lo acertado hubiese sido atribuir al Gobierno central unos impuestos -por ejemplo, el de rentas de sociedades y el IVA- y a las autonomías otros -acaso el de la renta de las personas residentes en sus territorios-, creándose un sistema de compensación interterritorial eficaz y respetado que asegurase a las comunidades más pobres unos fondos aproximadamente equivalentes a la renta media nacional.
Quizá sólo la anticuada idea de que en el campo financiero únicamente es bueno lo que es igual impidió que cada comunidad se responsabilizara de sus ingresos y, por tanto, sus gobernantes tuviesen que explicar a sus conciudadanos lo cara que está la vida en lugar de endosar, un día si y otro también, la mayor parte de sus problemas a la incuria con que ' Madrid' se comporta con ellos.
Así pues, ante la próxima Conferencia de Presidentes, convocada para el día 10 de este mes, sólo se me ocurre pedir al cielo un hilo que nos saque del laberinto en que nuestros políticos nos han metido.
Economista
Partidos que muchas veces ni siquiera son mayoritarios en su autonomía tienen la habilidad de condicionar cada vez más la política nacional