Las Administraciones deben 1.650 millones a las empresas sanitarias
Las empresas del sector de tecnología sanitaria (excepto medicamentos) denunciaron ayer que actualmente las Administraciones les adeudan un total de 1.650 millones de euros, según los cálculos efectuados por Fenin, principal patronal de esta actividad.
Tal y como explica esta asociación empresarial, el plazo de pago promedio de sus facturas por parte de las distintas Administraciones es actualmente de 350 días, aunque en algunas comunidades autónomas el retraso es considerablemente mayor, como en la Generalitat Valenciana, que alcanza los 720 días.
Inseguridad financiera
Fenin reúne a más de 500 compañías fabricantes de productos de tecnología sanitaria que generan empleo para 20.300 personas y un volumen de negocio conjunto de 4.400 millones de euros en 2004, de los que un 80% fueron facturados por el sector público.
Dada la elevada deuda que mantiene este sector con las Administraciones, las empresas denuncian que se ven obligadas a desenvolverse en un entorno de elevado nivel de inseguridad financiera e incertidumbre.
La patronal del sector considera que si esta situación no se soluciona a medio plazo, se puede producir la suspensión o demora de inversiones de las empresas en I+D+i, así como una merma de su capacidad de implantación en otros mercados.
Además, esta organización empresarial asegura que para las multinacionales, las condiciones que ofrece el mercado español no resultan atractivas para la toma de decisiones estratégicas en cuanto al lanzamiento de nuevos productos, y ello redunda en que España no lidere, en ningún caso, la implantación de una tecnología innovadora.
Ante la próxima celebración de la Conferencia de Presidentes del día 10 de septiembre, este sector espera el reconocimiento por parte de la Administración de una situación financiera insostenible para las empresas y el sistema nacional de salud (SNS).
También exigen a los responsables autonómicos y de la Administración central una política conjunta entre los poderes públicos, las empresas del sector y el SNS en su globalidad que posibilite un escenario estable de mayor equilibrio financiero.
El objetivo común de estas nuevas políticas debe ser el compromiso mutuo para lograr estabilidad para las empresas y el SNS.
Los intereses de demora suman 228 millones
La fuerte deuda que acumulan las Administraciones con estas empresas sanitarias tiene a su vez unos elevados costes financieros, debido fundamentalmente a la acumulación de intereses.De hecho, una de las medidas que se han puesto recientemente en marcha para paliar en la medida de lo posible estas prácticas de dilatar en exceso los pagos consiste en aumentar hasta en siete puntos porcentuales el tipo de interés del BCE. En consecuencia, la cifra global que las comunidades autónomas han tenido que abonar a los proveedores de tecnología sanitaria por recursos de reclamación de intereses alcanza un total de 228 millones de euros.Fenin afirma que con una financiación adecuada, dicha suma podría destinarse a la mejora de la sanidad, en lugar del abono de intereses.