La liberalización de las ITV
Han pasado ya cuatro años desde que el anterior Gobierno aprobó la liberalización del régimen de funcionamiento de las ITV (Inspección Técnica de Vehículos), con el fin de sustituir el modelo de concesiones, imperante desde 1985, por un sistema de autorizaciones. Pero el proceso de liberalización no ha frenado la controversia sobre las ITV en España y ha generado una fuerte polémica en el seno de la industria del automóvil.
La liberalización del sector, cuya facturación en España alcanzó 250 millones de euros en 2004, se aprobó con el objetivo de hacer bajar los precios y mejorar la calidad del servicio. Sin embargo, tan loable propósito no ha evitado la disparidad de opiniones entre los segmentos productivos involucrados. Los fabricantes piden que los concesionarios de automóviles puedan realizar inspecciones. Algunos importadores reclaman que de una vez por todas se abra el sector. Las asociaciones de empresarios y conductores, en fin, consideran que el cambio hacia un sistema de autorizaciones puede tener efectos secundarios negativos, perjudicando a las zonas menos desarrolladas.
Todas estas corrientes de opinión defienden intereses perfectamente legítimos. Pero para valorar adecuadamente el actual escenario es preciso subrayar una obviedad que no siempre se tiene en cuenta: que el cliente es lo primero. Al cliente de las ITV no le preocupan las regulaciones, ni los modelos ni los desarrollos normativos; sólo quiere un servicio cómodo, de calidad y con un coste razonable. Por supuesto, esas necesidades deben ser compatibles con el interés general, centrado en la mejora de la seguridad vial y del medio ambiente.
Nuestra experiencia nos demuestra que dichos objetivos pueden ser logrados por muy diferentes vías. Ya sea en un contexto de régimen concesional, como en España; ya sea mediante un sistema de autorizaciones, como es el caso de Dinamarca, o en un mercado liberalizado descentralizado, como el que rige en Estados Unidos, lo cierto es que cualquier modelo, si se gestiona con mesura, rigor e independencia, puede ser eficaz para dar satisfacción a las necesidades generales.
Sentado esto, no podemos dejar de señalar que en el escenario actual del mercado de las ITV en España el modelo concesional es económicamente más eficiente puesto que facilita la creación de redes de centros más optimizadas. El sistema de concesiones genera un mercado más concentrado en el que los operadores disponen de mayor capacidad de inversión en tecnología. Por el contrario, el modelo liberalizado de autorizaciones induce la fragmentación en pequeñas empresas con menor capacidad de inversión y, por ello, de innovación.
Otro factor importante es la homogeneización de los criterios de inspección. En este sentido, el modelo concesional, en el que el número de interlocutores es sustancialmente menor, permite una más fácil armonización de las actuaciones y contribuye a facilitar el rigor técnico. Un modelo liberalizado no es incompatible con estas exigencias de calidad de la inspección, pero obliga a incurrir en altos costes de auditoría por parte de la Administración. En algunos Estados de EE UU, que operan en régimen de concesión descentralizada, se llega al extremo de grabar en vídeo el proceso de inspección en todos los centros franquiciados para asegurar el máximo control técnico.
Pero quizás el criterio más importante que debemos considerar desde el punto de vista del cliente es el de la independencia, un concepto inherente a todo proceso de inspección o certificación. Sin independencia, ningún modelo puede funcionar. Es por eso por lo que creemos que un taller o un concesionario no puede, además de reparar o vender vehículos, emitir un veredicto de inspección. El conflicto de intereses -la vieja expresión de juez y parte- salta a la vista. En último término, la Administración pue-de establecer tantos controles como desee para garantizar el rigor y la capacidad técnica (en Alemania, son operarios independientes los que realizan la inspección dentro de los talleres), pero con un sobrecoste económico. El modelo facilita la proximidad de los usuarios a las ITV, pero los riesgos son elevados.
Con estas pautas, consideramos que la liberalización del mercado español de ITV debe realizarse de forma progresiva y sin perder de vista las necesidades de los clientes y ciudadanos: la seguridad vial, el control de la contaminación y un servicio independiente, de calidad y al mejor precio. Si logramos satisfacer esas condiciones, podremos decir sin caer en la presunción que, efectivamente, el cliente es lo primero.